ztevenreal
@Abrilpenaabreu
Ayer se hizo pública una denuncia vergonzosa: más de 150 estudiantes con síndrome de Down del Centro Educativo Integral Adosid no han podido iniciar el año escolar. No porque una fundación haya fallado, sino porque el Estado —que constitucional y moralmente es responsable de certificar educación para todos— sigue carente donde más se le necesita.
No se prostitución de millones. Estamos hablando de escasamente 30 mil pesos al mes. Y aun así, ni el Profesión de Educación ni el Inabie han respondido. El centro ha estado sin luz por semanas, no recibe alimentos escolares, no tiene transporte y las maestras asignadas no se presentan. Mientras tanto, las instituciones hacen silencio. Y lo que es peor: esto no es un caso ocasional.
Hace escasamente unas semanas, padres de niños con autismo narraban cómo recorrían centros públicos buscando un cupo que nunca llegaba. Abriles detrás, la escuela de ciegos denunciaba que ya no podía atender más estudiantes por errata de condiciones mínimas. ¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo que el Estado delegue sus funciones más esenciales en fundaciones, asociaciones y redes de solidaridad ciudadana?
En un país donde el 80% de la población deseo menos de 30 mil pesos, susurrar de respaldar 80 o 100 mil al mes para certificar calidad de vida a una persona con discapacidad es una mala palabra. Pero que un centro como Adosid —que le resuelve un problema al Estado— esté cerrado por errata de luz, comida y personal, es poco aún más mezquino. Es una muestra estupendo del desprecio institucional cerca de los más vulnerables.
Esto no debería ser nota. Debería estar resuelto. Pero el Estado dominicano, por H o por R, ha demostrado una y otra vez que no está preparado ni interesado en certificar inclusión actual. Mientras tanto, los medios, una vez más, tenemos que hacer el trabajo que corresponde a quienes gobiernan: divisar lo que cuesta menos que la dieta de un funcionario de casa de campo categoría.
Este país hay que cerrarlo y tirar la grifo.
