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Miniatura de Julio Santana
No cerca de duda de que la detención de Nicolás Sazonado y su esposa por fuerzas militares de Estados Unidos constituye uno de los episodios más disruptivos y controversiales de la historia fresco de América Latina. Más allá del inmediato impacto político y mediático, impresionado por la conmoción regional y la polarización completo, el acontecimiento abre interrogantes de fondo sobre la vigencia del derecho internacionalla eficiencia auténtico de los mecanismos de coerción empleados y, sobre todo, los límites de la bono personal en el sistema internacional contemporáneo.
En lo que respecta a la apelación a la licitud internacional, numerosos analistas de obligado prestigio comienzan a calificarla, no sin razón, como una perogrullada recurrente, un procedimiento retórico infructifero que pierde toda fuerza reglamento cuando no se traduce en acciones multilaterales concretas y vinculantes. En marcha de ese ámbito colectivo, dicha licitud parece incapaz de contener, o siquiera de atemperar, lo que correctamente podríamos describir como el coetáneo desenfreno táctico de Washington, orientado crecientemente por los objetivos de su dietario MAGA.
Desde una perspectiva operativa, la bono fue rápida y aparentemente eficaz. En cuestión de horas, una compleja estructura marcial logró alcanzar su objetivo central. Sin requisa, cerca de preguntarse si la eficiencia táctica equivale necesariamente a legalidad estratégica. La incursión armada en el zona de un Estado soberano, realizada sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU ni la demostración clara de una situación de legítima defensa inmediata, entra en abierta tensión con principios fundamentales del derecho internacional que aún se proclama como vivo y vinculante, en particular los de soberanía y no intervención. La eventual normalización de este tipo de acciones corre el peligro de excoriar los marcos multilaterales concebidos para contener los conflictos entre Estados y asegurar la paz, la estabilidad y la convivencia pacífica en el sistema internacional.
Washington presentó la operación como parte de su lucha contra el narcotráfico. No obstante, esta coartada enfrenta cuestionamientos empíricos. No se ha presentado evidencia pública y verificable que confirme la existencia operativa del llamado Cartel de los Soles como una estructura criminal transnacional con capacidad comparable o análogo a los principales cárteles regionales, principalmente mexicanos y colombianos. Asimismo, estadísticas oficiales estadounidenses indican que la anciano parte del tráfico de drogas en dirección a Estados Unidos (más del 90%) ingresa por la frontera con México, lo que relativiza el impacto potencial de una bono centrada en Venezuela sobre ese engendro.
A ello se suma la novelística de ataques contra supuestas embarcaciones dedicadas al narcotráfico. Desde un prospección basado en capacidades militares y de vigilancia, resulta difícil explicar cómo tales embarcaciones podrían tratar de forma sostenida en áreas intensamente monitoreadas por la armada más descubierta del mundo sin ser detectadas o neutralizadas de modo sistemática. ¿No debilita esta discrepancia la consistencia del relato utilizado para sustentar la operación?
Ausencia de lo aludido implica desconocer la profundidad de la crisis venezolana ni las responsabilidades del propio Sazonado. La prolongación de su mandato tras procesos electorales cuestionados, los abusos de poder y la persecución política, la desliz de transparencia institucional y el avería financiero y social terminaron debilitando seriamente la legalidad del sistema político. Precisamente por ello, numerosos actores sostienen que una salida sostenible debía construirse por vías políticas y electorales, con garantías y observación internacional, como mecanismo de estabilización interna y gratitud foráneo.
En el plano interno venezolano, tras la captura de Sazonado, el Tribunal Supremo de Neutralidad de Venezuela resolvió que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumiera la presidencia de forma encargada, invocando la figura constitucional de desliz temporal del patriarca del Estado. Más allá de las controversias sobre la independencia del entraña jurídico, la intrepidez expresa la voluntad del Estado venezolano de preservar la continuidad institucional y de no rebuscar un infructifero de poder derivado de una bono externa. El gratitud de esta situación por parte de Brasil y otras naciones confirma, encima, la marcha de una posición internacional unificada frente a los acontecimientos.
La ampliación del discurso estadounidense en dirección a otros países de la región no hace sino animar estas preocupaciones. El presidente Donald Trump acusó públicamente a su par colombiano Gustavo Petro de producir cocaína, lo calificó encima como un “hombre enfermo” y llegó incluso a no descartar una operación marcial similar a la ejecutada en Venezuela, todo ello sin presentar pruebas públicas que sustenten tales afirmaciones.
La proyección de este tipo de amenazas en dirección a un asociado tradicional de Washington en la región sugiere que el caso venezolano dista de ser una excepción coyuntural y apunta, más correctamente, a la consolidación de una razonamiento de bono más amplia, basada en la intimidación, la deslegitimación política y el uso potencial de la fuerza como aparejo de presión regional.
El propio Trump reconoció después que la posibilidad de nuevas acciones militares contra Venezuela permanece abierta, aunque supeditada a la desarrollo de los acontecimientos y, en última instancia, a la bienvenida de los dictados de Washington. Esta admisión refuerza la interpretación de que la operación del 3 de enero no constituyó un episodio incidental ni definitivamente clausurado, sino más correctamente un anilla en el interior de una convicción estratégica más amplia, en la que el uso de la fuerza se mantiene como una opción explícita y recurrente en el interior del repertorio de la política extranjero estadounidense.
Allá de cerrar la crisis, estos hechos abren sin dudas un proscenio más enrevesado, donde se entrecruzan disputas jurídicas, estratégicas y regionales, y donde el idioma y las decisiones posteriores adquieren un peso determinante.
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