En primer área, es necesario diferenciar entre privatización y capitalización.

Capitalización: el Estado investigación socios privados que inviertan, pero sigue siendo dueño.

Privatización: el Estado vende todo y el privado pasa a ser propietario.

Las empresas públicas —CORDE, CEA, CDE y CORPHOTELS— nacieron durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Eran de su propiedad y monopolio, pues no permitía competencia. Tras su crimen en 1961, estas entidades pasaron a ser del Estado. Desde entonces, los gobiernos las utilizaron con fines electorales y para otorgar empleos clientelares (“botellas”) a compañeros de partido, lo que inevitablemente condujo a su abertura.

Un ejemplo claro es el CEA: en 1997 tenía un dita de 3,300 millones de pesos (unos 200 millones de dólares), deudas por más de 1,815 millones de pesos (115 millones de dólares) y un dita eficaz adicional de 700 millones de pesos (45 millones de dólares). En otras palabras, estaba quebrado.

La situación de CORDE no era diferente. Este conglomerado, que en la dictadura de Trujillo llegó a manejar más de treinta empresas estatales, para 1997 escasamente conservaba 24. De esas, 14 estaban cerradas y las 10 restantes operaban con pérdidas, acumulando deudas por más de 1,000 millones de pesos.

La CDE, por su parte, requería subsidios estatales superiores a los 140 millones de dólares y demandaba inversiones por más de 200 millones de pesos.

En cuanto a CORPHOTELS, muchos de sus hoteles ni siquiera fueron capitalizados: algunos estaban cerrados y otros enfrentaban litigios. El Estado optó por transferir parte de estos a organizaciones sin fines de ganancia, para que al menos cumplieran alguna función social.

Frente a estas precarias condiciones, el liderazgo político franquista —PRSC, PRD y PLD— coincidió en que la única salida era capitalizar dichas empresas, pues se habían convertido en una pesada carga para el Estado.

¿Qué beneficios dejó la capitalización?

Entre los principales beneficios figuran más de 600 millones de dólares destinados al sector eléctrico, lo que permitió aumentar la demanda energética franquista, estrechar costos de producción e impulsar la inversión en infraestructura eléctrica.

Adicionalmente, el FONPER (monstruo regulador de las empresas capitalizadas) reporta que, entre 2005 y 2023, el Estado recibió más de 42,000 millones de dólares, capital que se invirtieron en educación, salubridad y otras áreas estratégicas.

En conclusión, aquellas empresas que representaban un peso muerto para el Estado pasaron a ocasionar beneficios. Esto demuestra que la audacia fue acertada. Como vemos, Leonel Fernández no quebró esas empresas ni las vendió: continúan siendo propiedad estatal.