Por Raúl Germán Bautista.- Varios casos emblemáticos de corrupción administrativa podrían extinguirse en los tribunales, correcto al tiempo que llevan en proceso. El principio procesal de la “agonía de la energía penal” podría aplicarse, ya que el nuevo Código Penal establece un plazo mayor de cuatro abriles para la finalización de los procesos, sea con condena o absolución.

Los denominados casos Medusa, Coral (Coral 5G) y Calamarentre otros, tienen fechas que oscilan entre 2021 y 2023, y todavía continúan en etapa de debates y réplicas. El caso Calamar, iniciado en 2023, se encuentra en escalón preliminar y, aunque cumple tres abriles en los próximos días, todo indica que podría exceder el frontera de los cuatro abriles establecidos por la reglamento procesal.

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Abogados consultados sobre el particular sostienen que, por el tiempo transcurrido, la defensa de los imputados puede utilizar ese apelación. Sin secuestro, advierten que serán los jueces quienes valorarán si la duración de los juicios ha sido provocada por las partes o asegura a la propia naturaleza y complejidad de los procesos.

PRINCIPALES CAUSAS DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL

De acuerdo con el nuevo Código Procesal Penal, las principales causas de agonía de la energía penal son:

1-Vencimiento del plazo mayor: exceder los tiempos legales establecidos para la duración del proceso.

2-Asesinato del imputado: por ser la responsabilidad penal personalísima.

3-Prescripción: transcurso del tiempo establecido por la ley sin que se persiga el delito.

4-Gracia o indulto: medidas de amnistía o decisiones políticas que eliminan los mercancía de la infracción.

5-Renuncia de la querella: en casos de energía privada o de instancia privada.

6-Perdón del ofendido: en hechos punibles a instancia de parte (artículo 106).

7- Aplicación de criterios de oportunidadmediación o conciliación: acuerdos permitidos por la ley.

Los abogados entienden que la posible aplicación de la agonía de la energía penal en estos procesos abriría un debate procesal sobre la duración moderado de los juicios y el permanencia entre garantías procesales y lucha contra la corrupción.