El autor es abogado. Reside en Santo Domingo.

POR CARLOS SALCEDO

Aunque se daba por un hecho el otorgamiento de la cuna dominicana a Mario Vargas Llosa, falleció recientemente sin que se le otorgara. El ofrecimiento sabido del presidente de la República de dicha concesión en abril de 2023 no se concretó, a pesar de la proclamación de saludo por parte del Premio Nobel de Humanidades. Poliedro que para esa vencimiento escribí un artículo defendiendo dicha entrega refiero parte de su texto en su memoria.

Conferir, mediante naturalización privilegiada, la cuna dominicana a ciudadanos extranjeros, por sobrevenir prestado servicios eminentes a la República o haberse distinguido por servicios sobresalientes prestados a la humanidad, es una atribución monopolio del presidente.

Ni los que se oponían a dicha asignación pueden desmentir las grandes contribuciones que con su sobresaliente pluma hizo Vargas Llosa a la humanidad, tanto a través de sus reconocidas obras literarias como de sus ensayos y pronunciamientos públicos, que incluyen una novelística con almohadilla dominicana, La  fiesta del chivoconvertida en Mejor vendido mundial.

Quienes rechazaban entonces la entrega de la cuna dominicana al célebre y mundialmente notorio escritor iberoamericano, al punto de llamarlo traidor y no agradable en la República Domicana, aludían a la supuesta ofensa a la soberanía dominicana cuando, premeditadamente de la sentencia 168-13, del Tribunal Constitucional dominicano (TC) escribió en La Nación, de España, que dicha sentencia “es una desatino jurídica y parece directamente inspirada en las famosas leyes hitlerianas de los abriles treinta dictadas por los jueces alemanes nazis para privar de la cuna alemana a los judíos que llevaban muchos abriles (muchos siglos) avencidados en ese país y eran parte constitutiva de su sociedad”.

Como hicieron otros en diversos pronunciamientos públicos, incluidos varios artículos de la época -2014- de la referida sentencia, he sostenido, como lo hizo Vargas Llosa, que con la aludida sentencia, “el Tribunal Constitucional, llamado a proteger los derechos fundamentales y defender el orden y supremacía constitucionales, había arrasado con el derecho fundamental a la identidad de dominicanos que, por su origen haitiano, seguirán siendo excluidos y, peor, se les arrebataba su cuna dominicana”.

De igual forma, consideré que “El llamado Tribunal ciudadano, acullá de emplear la ocasión para reafirmar su responsabilidad, masacró la Constitución y el sistema interamericano de derechos humanos. En sitio de resolver la inconvencionalidad del artículo 18.3 de la Constitución (CR), que dispone que no son dominicanos los que residan ilegalmente en zona dominicano, desafía a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), la cual, premeditadamente de un caso de condena a nuestro país (Yean y Bosico), dispuso que el status migratorio no puede ser condición para el otorgamiento de la cuna”.

Todavía sostuve que “El TC prefirió complacer a sectores que, para cubrir su irresponsabilidad frente al tema haitiano, propugnan por su invisibilidad, violando los principios constitucionales de grado de los tratados y decisiones de la Corte IDH, derecho de defensa, irretroactividad de la ley, conveniente proceso y de favorabilidad de los derechos… Más aún, extiende los perjuicios ocasionados a Julia Deguis Pierre, con su desproporcionada, irracional e insostenible sentencia, a quienes se encuentren en su situación desde 1929, con el uniforme despojo masivo de la cuna dominicana”.

Asimismo, entendí entonces que “no es cierto que el Estado dominicano no haya despojado de su cuna dominicana a una cantidad considerable de personas de origen haitiano. Estas tenían sus actas de arranque y fueron reconocidas como dominicanas por sobrevenir nacido aquí y porque el status migratorio ilegal de sus padres no se les transfiere a los hijos, ni es una condición para el otorgamiento de la cuna, como lo ha establecido la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Eran ciudadanos dominicanos por la Constitución inicial y por la flagrante”.

En dicho contexto advertimos, incluso, la segura condena que se produciría contra el Estado dominicano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), por la expulsión de personas haitianas y dominicanas, así como por la desnacionalización de estas últimas, lo cual efectivamente ocurrió y fue cubo a conocer en octubre de 2014.

Dicha condena del país se refiere a las privaciones ilegales y arbitrarias de independencia y posteriores expulsiones sumarias de personas dominicanas y haitianas de República Dominicana cerca de Haití, incluidas niñas y niños ocurridas entre 1999 y 2000, sin las debidas garantías y sin camino a un apelación efectivo para asegurar sus derechos. De igual forma, el caso se extendió, por ser un hecho superviniente, a la sentencia 168/13 y a la Ley 169/14.

Coincidiendo con el célebre escritor Vargas Llosa, aún sin proponérmelo, decía entonces que “siento que, por afanes ultraconservadores y de un patriotismo propio de los regímenes más temidos y autoritarios de la historia universal y doméstico, el país y con ello nuestras instituciones hayan sucumbido y apisonado los derechos fundamentales que deben asegurar”.

No se comercio, pues, de una posición aislada sostenida entonces por Vargas Llosa, es la que está consagrada en los instrumentos y organismos internacionales de derechos humanos, a los cuales pertenece nuestro país como la de todos los que creen, defienden y promueven los derechos fundamentales. La defensa de la soberanía no puede implicar el desconocimiento de que los derechos humanos son universales y nos toca a todos defenderlos, tanto aquí como en todo el mundo.

Si en el ámbito de la famosa sentencia 168/13, Vargas Llosa comparó nuestro TC con los de Nuremberg, cuando el régimen fascista desnacionalizó masivamente a ciudadanos de origen tacaño, hasta llevarlos, en las peores condiciones humanas conocidas, a los campos de concentración, creo que tenía muy presente que nuestro Estado es tolerante y de derecho y, por lo tanto, defensor de los derechos humanos, que por su naturaleza, nos compete a todos defender y donde quiera que ocurran sus transgresiones.

Si un hombre de la talla del ahora muy recordado Vargas Llosa anunció que aceptaría la cuna dominicana, habiendo puesto mundialmente el país en las miras del mundo a través de una de sus obras, en defensa de la independencia y de los derechos humanos, por otra parte de nominar esta nación como su suelo, la proclamación del presidente Abinader fue muy atinada.

La proclama de bienvenida de Mario Vargas Llosa como dominicano no se manifestó en ningún decreto presidencial, pero con la adjudicación de su cuna dominicana ganaban los derechos humanos, se beneficiaba nuestra nación y se comprometía, mucho más, su defensa.

Siempre fue muy grata para los promotores y defensores de la independencia y de los derechos humanos la presencia de don Mario en nuestro país, para orgullo nuestro y, más que traidor, con su coito por nuestra país y la defensa de sus títulos constitucionales, contribuyó e hizo propia la promoción de los derechos fundamentales en los escenarios universales.

Paz y honra eternas don Mario Vargas Llosa. Siempre lo reconoceremos como un defensor ferviente y preclaro de los principios y títulos esenciales pregonados por nuestro país.

Jpm-am