@abrilpenaabreu

En la República Dominicana, los cigarrillos electrónicos están prohibidos. Al menos, así consta en resoluciones, advertencias sanitarias y comunicados oficiales. Sin incautación, la existencia vuelve a imponerse con crudeza: varios jóvenes han muerto en circunstancias vinculadas al uso de vapes, dejando al descubierto una verdad incómoda que el Estado no puede seguir evadiendo: la prohibición, sin control, no protege a nadie.

Las muertes recientes no son simples estadísticas ni episodios aislados. Son la consecuencia directa de una cautiverio de omisiones que comienza en la amor de la fiscalización, continúa en la permisividad comercial y culmina en la normalización social de un producto que se vende como “menos dañino”, “nuevo” o “inofensivo”, cuando la evidencia científica dice lo contrario.

El vape no es vapor de agua. Es tóxico enormemente adictiva, metales pesados, solventes químicos y compuestos cuyo impacto a grande plazo aún se está midiendo, pero cuyos mercancía inmediatos ya se sienten: daño pulmonar, fallos respiratorios, colapsos cardiovasculares. Aun así, en barrios, colmados, plataformas digitales y hasta entornos escolares, los vapes circulan con una facilidad que desmiente cualquier novelística de control estatal.

Aquí hay una contradicción circunspecto que debe ser señalada con claridad: no hilván con prohibir; hay que hacer cumplir. Una norma que no se ejecuta no es una política pública, es un ademán malogrado. Y cuando ese malogrado se cobra vidas jóvenes, deja de ser un error chupatintas para convertirse en una responsabilidad casto.

Igualmente hay que decirlo sin rodeos: el mercado ilegal de vapes prospera porque nadie teme consecuencias reales. No hay operativos sostenidos, no hay sanciones ejemplares, no hay decomisos visibles, no hay una logística clara que combine vigor pública, educación y control. Mientras tanto, los adolescentes siguen siendo el blanco consumado de una industria que sabe exactamente cómo seducir: sabores, colores, diseño y una novelística de “pequeño aventura” que guión en la publicidad engañosa.

El problema no es solo váter. Es institucional. Es educativo. Es cultural. Y es, sobre todo, una prueba de fuego para la coherencia del Estado. No se puede advertir en discursos y mirar con destino a otro costado en la destreza. No se puede musitar de prevención mientras se permite la circulación masiva de un producto que ya está cobrando vidas.

Cada fresco que muere por el uso de un vape es una pregunta directa al sistema: ¿quién falló?, ¿dónde estaba la supervisión?, ¿por qué poco prohibido sigue estando al importancia de cualquiera?

Este país ha progresista cuando ha entendido que la vigor pública no se defiende con comunicados, sino con acciones sostenidas, datos claros, controles reales y decisiones incómodas. El tema de los vapes exige exactamente eso.

Porque cuando una sustancia prohibida mata, el problema no es la sustancia: es la abandono del Estado.

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