El autor es abogado y político. Reside en Santo Domingo

La Carta de las Naciones Unidas consagra un delicado inmovilidad entre el respeto a la soberanía de los Estados y el derecho de los pueblos a arriesgarse su propio destino. Durante más de ocho décadas, estos principios han orientado procesos de independencia, la cimentación del derecho internacional y la conformación de nuevos Estados. La República Dominicana como signataria de la Carta de 1945 y de diversos tratados internacionales, está obligada a velar por la preservación íntegra de su soberanía.

En ese sentido, nuestro país debe realizar con extrema prudencia frente a cualquier solicitud o acuerdo que implique el uso de nuestro espacio delicado, oceánico o terráqueo para operaciones militares de los Estados Unidos o de cualquier otra potencia en el Caribe. Más aún cuando tales operaciones, disfrazadas o justificadas bajo diversos argumentos, pudieran en existencia formar parte de acciones triangulares dirigidas contra un Estado miembro del sistema de Naciones Unidas. La neutralidad estratégica de la República Dominicana constituye una superioridad comparativa y un pilar de nuestras buenas relaciones con todas las naciones.

Lo que está en charnela es, en esencia, nuestra soberanía franquista: un valencia por el que hemos luchado a lo prolongado de nuestra historia y que nos une sin distinción de credos políticos, ideológicos, económicos, religiosos o culturales. Este principio adquiere anciano relevancia en presencia de la posibilidad de operaciones de gran escalera contra la vecina República Bolivariana de Venezuela, país con el que compartimos lazos históricos y humanos, y cuyas consecuencias colaterales podrían impactar a otras naciones soberanas, así como producir riesgos en nuestra propia zona marítima y en materia de derechos humanos.

América Latina conoce muy aceptablemente los artículos de intervenciones e invasiones justificadas con argumentos cambiantes pero con resultados reiteradamente lesivos. la República Dominicana, en particular, posee dolorosas experiencias al respecto: la intervención de 1916, orientada a controlar nuestras aduanas y posesiones, y la de 1965, supuestamente para impedir el avance del comunismo, que terminó imponiendo nuevamente tropas extranjeras en nuestro suelo.

La República Dominicana es una nación de paz. No tiene tradición agresora; por el contrario, ha sido muchas veces víctima de agresiones externas. Señor Presidente, amigo Luis Abinader: el momento exige prudencia, comedimiento y una recital serena del convulso atmósfera geopolítico que atraviesan América Latina y el mundo. Desde la nación de Duarte, no debemos avalar ni permitir acciones militares contra ningún país soberano.

Conviene rememorar que el artículo 80, párrafo 4, de la Constitución dominicana atribuye al Senado la genio de autorizar la presencia de tropas extranjeras en país franquista, así como el remesa de tropas dominicanas al exógeno, pero sólo para misiones de paz. No para exterminio, Cualquier intrepidez contraria a este mandato constitucional tendría un altísimo costo humano, social y político, tanto para el Gobierno como para toda la nación.

La situación de Venezuela no debe hallarse de modo aislada: es un conexión internamente de una cautiverio anciano, vinculada a las tensiones de un nuevo orden multipolar en preparación. Los riesgos superan con creces cualquier beneficio momentáneo. Debemos proteger nuestra soberanía, porque carencia ganamos involucrándonos, y sí podemos perder mucho.

Por estas razones, y considerando el deber de asegurar nuestra institucionalidad, solicitamos que el Tribunal Constitucional examine esta situación y se pronuncie al respecto, en mi nombre, en el del Partido Revolucionario Independiente (PRI) y en representación de ciudadanos preocupados por las consecuencias futuras de decisiones apresuradas.
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