La tendencia al incremento de homicidios causados por agentes de la Policía Doméstico en circunstancias que la propia institución describe unilateralmente y sin investigación hasta ahora del Ocupación Sabido como «intercambios de disparos», se expresa en estadísticas del entraña de protección social Defensoría del Pueblo revelando que de 68 muertes ocurridas en confusas persecuciones en el 2023 a la presente data del 2025 las víctimas de ese desacreditado expediente de enfrentamientos no certificados judicialmente llegan a 170 faltando un postrer cuatrimestre. Espeluznante indicación de que la tasa de muertes a manos de agentes policiales de República Dominicana supera con creces las de otros países que se suponían más tocados que este por el uso inopinado de las armas de fuego, y que suelen clasificarse como de más visible violencia social.

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Escandaliza que tras el horror por el acribillamiento de cinco personas en una peluquería de Santiago todavía queda en el ocultación lo que la patrulla actuante hizo con las cámaras de vídeo del ocupación que con violencia confiscó incurriendo en una inaceptable destrucción de posibles pruebas en presencia de tribunales de nociones que servirían para establecer la verdad de los hechos y probablemente de confirmación de que se trató de un homicidio múltiple; mientras el Comando Regional Meta de la PN se abstiene de demostrar que algún agente resultara verdaderamente herido en el alegado fuego cruzado. La indiferencia y silencio del Poder Civil legamente constituido -y al más stop nivel- en presencia de un récord de muertes no esclarecidas y atribuidas al cuerpo policial, el único progreso alrededor de frenar esta carrera mortal se debe a la opinión pública; a los representativos liderazgos sociales, eclesiásticos y de defensores de los Derechos Humanos que con sus denuncias y presiones hicieron salir de su histórica inacción al Ocupación Sabido para dar un paso al frente con indagaciones en el trágico ocupación de la ultima conmoción por balaceras en el corazón del Cibao, un hecho que la Defensoría del Pueblo pide cobrar como una «alerta ética y democrática» que obliga a replantear el maniquí de seguridad ciudadana.