El autor es abogado y presidente de la Estructura Latinoamericana de Donación Social

​La República Dominicana se encuentra en un momento culminante de bancarización y modernización de sus servicios financieros. Sin bloqueo, detrás de las cifras de crecimiento, persiste una existencia sombría para miles de ciudadanos: la salvedad financiera perpetua.

​Recientemente, una persona allegada se acercó a nosotros para explicarnos la situación por la que atravesaba con una entidad financiera que le había denegado un préstamo hipotecario, en virtud de que en un registro del sistema financiero (Central de Aventura) estaba asentada una deuda de hacía más de 15 abriles; la única alternativa para subsanar este problema era honrando esa deuda, cuyos intereses acumulados se le hacían impagables.

Como este caso, probablemente habrá una serie interminable de afectados por este engendro que actúa como una verdadera «crimen civil». Este tiene su origen en una contradicción legislatura que el Congreso Doméstico no puede seguir ignorando y cuya alternativa definitiva exige, a mi modo de ver, una reforma puntual a la Ley No. 183-02 (Monetaria y Financiera).

El conflicto nace de una disonancia jerárquica que debe ser resuelta. Por un flanco, la Ley No. 172-13 sobre Protección de Datos de Carácter Personal posee el rango de Ley Orgánica, lo que, según nuestra Constitución, le otorga una escalafón superior para regular derechos fundamentales como el «derecho al olvido».

Esta ley manda que los registros negativos caduquen a los 48 meses. Sin bloqueo, en la experiencia, la Central de Riesgos de la Superintendencia de Bancos, amparada en la Ley No. 183-02 (Ley Ordinaria) y sus reglamentos, mantiene estos registros de forma indefinida.

​Es jurídicamente inaceptable que una interpretación técnica de una ley ordinaria —o peor aún, un reglamento oficial— termine anulando un derecho fundamental protegido por una Ley Orgánica y por la propia Constitución. Esta contradicción no solo es una error reglamentario; es una barrera para el ciudadano que tuvo un tropiezo financiero hace diez o quince abriles y que, a pesar de poseer recuperado su estabilidad y solvencia, sigue «manchado» perpetuamente en el sistema oficial, quedando excluido del crédito bancario.

A pesar de esta contradicción, la reforma es perfectamente posible y necesaria. No se proxenetismo de un conflicto irresoluble, sino de una descuido de armonización. Al rehacer el Artículo 54 y, por vía de consecuencia, el Artículo 56 de la Ley No. 183-02, el congresista podrá establecer explícitamente que la Central de Aventura debe someterse a los plazos de caducidad de la Ley Orgánica 172-13.

Con esto, se eliminaría la discrecionalidad administrativa que hoy permite a los bancos utilizar datos anacrónicos para privar préstamos bajo alegatos de una evaluación de aventura eterna.

No motivo

Esta reforma es un imperativo del Principio de Razonabilidad (Art. 40.15 de la Constitución). No existe motivo razonamiento para que una descuido financiera sea eterna. Encima, bajo el Principio de Favorabilidad (Art. 74.1), delante dos leyes en conflicto, las autoridades deben aplicar siempre la que más beneficie el mejora y los derechos del individuo.

Modificar la Ley 183-02 es un acto de rectitud y de inteligencia económica. Al rescatar a miles de dominicanos de la salvedad, dinamizamos el consumo, fomentamos la inversión formal y debilitamos la especulación. La estabilidad del sistema financiero es fundamental, pero no puede cimentarse sobre la condena perpetua de ciudadanos que ya han demostrado su capacidad de levantarse.

​Con esta iniciativa no pretendemos que cobre vigencia el rancio refrán que reza: «las cuentas viejas no se pagan y las nuevas se dejan poner viejas»; no se proxenetismo de eso. En el interior de esa reforma se pueden incorporar reglamentaciones de evaluación, como sería el sistema de «puntaje de rehabilitación» que se aplica en otros países, consistente en que, si un ciudadano demuestra estabilidad durante un periodo determinado, la «mancha» antigua no debería ser determinante para la denegación del crédito.

La semana pasada, en su comparecencia como orador invitado por la Cámara Saco de Comercio de la República Dominicana, el ministro de Hacienda, Ingenio Díaz, dijo entre otras cosas lo ulterior: “En los próximos días nos proponemos remitir un tesina de ley al Congreso proponiendo la matanza de varios impuestos anacrónicos, corrigiendo castigos exagerados y haciendo más hacedero la vida de los contribuyentes”. Por lo tanto, estimamos que sería muy oportuno incluir interiormente de ese propósito de reformas lo que aquí planteamos.

Es hora de que el Congreso Doméstico y los técnicos especializados en esta materia actúen de inmediato para enmendar este ultraje que impide a muchos ciudadanos obtener al crédito bancario, el cual, en estos tiempos, se presenta como una exigencia que nos puede beneficiar a todos.

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