Santo Domingo.- La Universidad APEC (UNAPEC)a través de su Aptitud de Humanidades y Derechoorganizó el conversatorio “El Ocupación de Probidad en el ámbito institucional dominicano”con la billete del doctor Antoliano Peralta Romeroconsejero judicial del Poder Ejecutante, y el titulado Alejandro Moscoso Segarradecano de la mencionada seminario.

La actividad se enmarcó en la memorándum conmemorativa del 60 aniversario de UNAPEC y tuvo como objetivo reafirmar su encomienda institucional de ser un centro de pensamiento, exploración y consejo crítica sobre los grandes desafíos del país. En su discurso de tolerancia, Álvaro Sousa, vicepresidente de la Juntura de Directores del Clan APEC, expresó: “Como corporación nos corresponde propiciar espacios de diálogo donde se expongan con rigor las ventajas y las desventajas de iniciativas como esta, para que tanto la sociedad como nuestra comunidad educativa puedan ponderar con criterio qué es lo mejor para la nación”.

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Durante su intervención, el doctor Antoliano Peralta Romero advirtió que la implementación del Ocupación de Probidad supondrá un desafío institucional, ya que “todas las leyes, especialmente las más importantes, hasta que no empiezan a aplicarse, no se conocen sus debilidades”. No obstante, instó a la comunidad académica y jurídica a adjuntar el proceso de transición, convencido de que esta nueva entidad representará un paso firme en torno a la modernización del ámbito institucional dominicano.

Peralta recordó que la idea de un Ocupación de Probidad no es nueva. “El empleo de honestidad no es una novedad en República Dominicana”, afirmó, al señalar que su existencia data de la primera Constitución de 1844 y que funcionó durante varios periodos históricos hasta su exterminio en 1964. Según explicó, su restablecimiento alega a la condición de robustecer el sistema judicial y eficientizar la empresa de honestidad.

El jurista explicó que, aunque algunos sectores consideran innecesaria la creación de este empleo, se manejo de una opinión minoritaria. “Este plan de ley fue discutido con todas las escuelas de Derecho, la Suprema Corte de Probidad, el Defensor del Pueblo, gremios empresariales, Billete Ciudadana y diversos actores del sistema, logrando un amplio consenso”, puntualizó.

Entre las atribuciones del nuevo Ocupación se destacan la representación judicial del Estado en conflictos nacionales e internacionales (excepto los penales), la coordinación del sistema penitenciario, la supervisión de organizaciones no gubernamentales (ONG) y la formulación de políticas de prevención del crimen. Cada función estará a cargo de un viceministerio especializado, lo que permitirá un control y seguimiento más efectivo.

El titulado Alejandro Moscoso Segarra, decano de Humanidades y Derecho, respaldó firmemente la propuesta. Recordó que, en su calidad de coordinador del Comisionado de Apoyo a la Reforma Legal, presentó en 2005 un preliminares de ley para la creación de una Secretaría de Probidad con atribuciones similares. Igualmente citó pasajes de su artículo publicado en el semanario Listín Diario, donde destaca que esta iniciativa ya figuraba en la Constitución de 1844.

Moscoso Segarra reiteró que fue el presidente de la República, Luis Abinader, quien propuso separar de la Procuraduría Caudillo de la República las funciones no relacionadas con la persecución penal, como la política penitenciaria, la representación del Estado en presencia de organismos internacionales, la coordinación de la Defensa Pública y la política criminal del Estado, todas funciones que deberían recaer en un Ocupación de Probidad.