Hay momentos en los que me detengo a analizar los comentarios que generan mis cápsulas de Palabra conmigo, y confieso que me producen sentimientos encontrados.

Por un costado, me alegra que despierten consejo, debate y conciencia; por otro, me preocupa el nivel de polarización que revelan. Las reacciones son tan diversas, tan opuestas y a veces tan viscerales, que he llegado a la conclusión de que vivimos en una sociedad profundamente fracturada.

No se tráfico sólo de una diferencia de opiniones —que es natural y hasta saludable—, sino de una ruptura en la forma de entender el país, la convivencia y la ley.

Hemos normalizado el desorden. Las normas, que deberían ser un situación de convivencia, se han convertido en simples sugerencias que cada quien interpreta a su conveniencia. Y lo más arduo es que ya no esperamos otra cosa. Nos hemos habituado a habitar sin ley.

Sí, las autoridades tienen gran parte de la yerro. Durante abriles han demostrado una manifiesta incapacidad para hacer cumplir las reglas que ellas mismas dictan.

En todos los niveles, desde lo más detención del poder hasta el más modesto despacho municipal, la equivocación de consecuencia ha erosionado la confianza ciudadana.

Las leyes se aplican según quién seas, no según lo que digan los códigos. Pero sería injusto quedarnos sólo ahí. Porque en ese hueco de autoridad asimismo hemos aprendido a sobrevivir con trampas, atajos y justificaciones que nos hacen cómplices de lo que criticamos.

En nuestras calles y barrios, el más esforzado se impone. En los sectores bajos, medios y altos, el patrón es el mismo: quien tiene más poder, más mosca o más contactos, termina dominando al que carece de ellos.

Y el ciudadano popular, ese que paga impuestos, que cumple con sus deberes y demora que el Estado lo proteja, vive en un estado de indefensión permanente. Ya no confía en los procesos legales, ni en las instituciones, ni en la promesa de jurisprudencia. La burocracia lo asfixia, la corrupción lo decepciona y la indiferencia lo hiere.

Aun así, no todo está perdido. Las sociedades asimismo se reconstruyen desde los escombros morales, si hay voluntad colectiva de hacerlo.

Pero para lograrlo, debemos convenir primero nuestra parte en este caos. No hilván con señalar a los gobernantes; debemos mirarnos como ciudadanos y admitir que asimismo somos responsables del estropicio. Cumplir las reglas solo cuando nos conviene es otra forma de romperlas.

La esperanza comienza cuando cada uno decide hacer desigual, aun cuando nadie más lo haga. Cuando un ciudadano se niega a sobornar, cuando un conductor respeta la señal de “pare” aunque la calle esté vacía, cuando un funcionario cumple con su deber sin mirar a quién beneficia o perjudica, empieza la reconstrucción silenciosa del tejido social.

Necesitamos retornar a creer en el poder del ejemplo, en la autoridad de la ética y en el valencia de la palabra cumplida. Exclusivamente así podremos cerrar la fisura invisible que divide a nuestra sociedad entre los que mandan y los que obedecen, entre los que abusan y los que callan.

Tal vez no logremos cambiarlo todo de inmediato, pero si recuperamos la capacidad de indignarnos con jurisprudencia y de hacer con coherencia, habremos legado el primer paso cerca de una nueva civilización ciudadana. Una en la que la ley no sea panorama como un obstáculo, sino como la expresión más excelso del pacto que nos une.

Porque al final, las sociedades no se fracturan por sus leyes, sino por su equivocación de compromiso con ellas. Y mientras haya voces que se atrevan a balbucir, batallar y creer en poco mejor, todavía hay esperanza.