Es flagrante Procuradora Fiscal Titular de la provincia Duarte, Abogada Litigante, Investigadora Criminal, Funcionaria de carrera del Ocupación Divulgado, Gestora Pública de formación y de corazón.

En los últimos meses, se ha evidenciado de forma significativa en los sucesos judiciales de la Republica Dominicana el incremento preocupante de los casos de violencia intrafamiliar y delitos sexuales. Esta sinceridad, allá de ser una estadística aislada, refleja una problemática social profunda que afecta de forma directa la dignidad, la integridad y la vida de mujeres, niños, niñas y adolescentes, así como la estabilidad de nuestras familias y comunidades.

La violencia intrafamiliar no es un asunto privado ni un conflicto doméstico último; es una violación pesado de derechos humanos. Se manifiesta de múltiples formas: violencia física, psicológica, sexual y económica, muchas veces sostenida en el tiempo por el miedo, la dependencia emocional o económica, y el silencio impuesto por patrones culturales que aún persisten en nuestra sociedad.

De igual forma, los delitos sexuales constituyen una de las expresiones más crueles de la violencia, especialmente cuando las víctimas son menores de perduración. Estos hechos dejan secuelas profundas, no solo físicas, sino todavía emocionales y psicológicas, que pueden seguir a la víctima durante toda su vida si no se interviene de forma oportuna e integral.

Desde el Ocupación Divulgado hemos observado que una parte importante de estos casos ocurre en entornos cercanos a la víctima: el hogar, la grupo extendida o círculos de confianza. Esto hace aún más compleja la denuncia y refuerza la requisito de despachar un mensaje claro a la sociedad: denunciar salva vidas, y el sistema de imparcialidad está para proteger, no para decretar a quien decide romper el silencio.

Es fundamental comprender que el envite de esta problemática no puede atenerse solamente a la respuesta penal. Si acertadamente la persecución del delito y la pena de los agresores es una obligación del Estado, la prevención requiere un compromiso colectivo. Educación en títulos, fortalecimiento de la grupo, detección temprana de señales de peligro, séquito psicológico y redes comunitarias de apoyo son pilares indispensables para frenar esta bucle de violencia.

Como sociedad, debemos cuestionarnos qué estamos normalizando, qué silencios estamos tolerando y qué mensajes estamos transmitiendo a las nuevas generaciones. La violencia no se hereda, se aprende; y luego, todavía puede desaprenderse con políticas públicas firmes, instituciones comprometidas y una ciudadanía activa.

Desde la provincia Duarte, reafirmamos nuestro compromiso de interpretar con firmeza frente a estos delitos, garantizando una atención digna a las víctimas, investigaciones responsables y el respeto al conveniente proceso. Pero este esfuerzo solo será efectivo si caminamos juntos: instituciones, medios de comunicación, líderes comunitarios, familias y ciudadanos.

Combatir la violencia intrafamiliar y los delitos sexuales no es solo una tarea del sistema de imparcialidad; es un deber honesto y social. La indiferencia todavía violenta. Susurrar, denunciar y interpretar es hoy más urgente que nunca.

Nota de la autora:

Este artículo se publica como parte del compromiso institucional con la promoción de la legitimidad, la décimo ciudadana y el fortalecimiento del Estado de Derecho.

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