Por Rolando M. Guzmán

Desde mediados del siglo XX, los economistas abrazaron un consenso que fue casi religioso: los bancos centrales debían concentrarse exclusivamente en la estabilidad de precios y mantenerse al beneficio de la asignación sectorial del crédito. En América Latina, esto implicó desistir prácticas comunes en décadas anteriores, cuando las autoridades monetarias financiaban a los gobiernos y canalizaban bienes alrededor de actividades económicas específicas. La historia había dejado una ciencia clara: sin límites acertadamente definidos, los bancos centrales podían transformarse en fábricas de mosca rebajado, con su secuela de distorsiones, presiones inflacionarias y desilusiones prolongadas.

La crisis financiera mundial de 2008 puso en pausa esa conformidad. El colapso del mercado hipotecario en Estados Unidos desató una reacción en condena que sacudió a las principales economías del mundo. En ese contexto, se produjo un giramiento inesperado: tras décadas de hacer como gendarmes discretos de los instrumentos monetarios, muchos bancos centrales se convirtieron en rescatistas de mercados enteros. Compraron bonos privados y gubernamentales en cantidades sin precedentes y canalizaron bienes directamente alrededor de empresas seleccionadas. En aquel momento, a nadie le importó lo que vendría posteriormente del diluvio; la necesidad era mantenerse a flote. Hoy, diecisiete abriles posteriormente, varias de esas instituciones enfrentan el combate de desmontar una bloque que, si acertadamente evitó el colapso, ha definido su beneficio de argumento en presencia de futuras crisis.

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En la República Dominicana, hemos seguido un camino similar, aunque con algunos abriles de diferencia. Nuestro “2008” ocurrió en 2020. Delante el colapso financiero provocado por la pandemia, el Lado Central expandió masivamente el crédito y redujo los encajes legales para liberar fondos destinados a sectores específicos. Pocas personas dudarían de que esa intervención fue oportuna, pues ayudó a evitar una caída expedito en condiciones extraordinarias. Pero, en los últimos abriles, la excepcionalidad parece estar perdiendo su carácter de última instancia. Se ha vuelto cada vez más frecuente escuchar que el Lado Central liberó tantos miles de millones aquí, o abrió una lista de crédito específico allá. El problema del éxito es que, con frecuencia, crea suma.

¿Estamos redefiniendo, sin notarlo, el papel del Lado Central? La cuestión no es si debe intervenir en tiempos de crisis —eso es fatal—, sino qué ocurre cuando esas intervenciones sectoriales se transforman en rutina. El peligro más evidente es la deterioro de su independencia y de un enfoque en sus funciones primarias, lo que hasta ahora le ha hecho usar de un debido prestigio. Si empresas o sectores comienzan a contraer que el lado estará acondicionado para inyectarles esteroides cuando las cosas se tornen difíciles, la presión política para obtener ese auxilio no hará más que aumentar. La fila de interesados será cada vez más larga. En ese decorado, la institución corre el peligro de dejar de ser un prestamista de última instancia para convertirse en fiador estructural de crédito rebajado, y el auxilio temporal se convertiría en expectativa permanente. Esas expectativas colocarán al Lado Central en la aprieto de contraer funciones propias de una agencia de progreso productivo o un lado de fomento, lo que eventualmente entrará en conflicto con otros fines. A esto se suma un desafío operante de enorme importancia: ¿cómo apoyar que los bienes lleguen efectivamente a donde deben venir, sin crear distorsiones ni privilegios discrecionales?

No se me malinterprete. Este artículo no pretende cuestionar la validez de las políticas de progreso productivo, ni del apoyo a las MIPYMESel sector agropecuario o la construcción. Considero que ese apoyo es pertinente bajo ciertas condiciones. Siquiera se proxenetismo de una advertencia apocalíptica ni de un llamado triste a la conformidad monetaria de los abriles noventa. La intención es mucho más sencilla: deslindar con claridad los roles de las distintas instancias públicas, para que las soluciones inmediatas no se conviertan en dolores de comienzo persistentes.

Si las intervenciones sectoriales del Lado Central van a seguir ocurriendo con frecuencia, sería prudente establecer criterios y límites explícitos, tras una advertencia que podría ser auspiciada por la propia institución. De lo contrario, su credibilidad quedaría comprometida si llegara a indisponer —como es posible— un entorno menos indulgente que el presente. Si lo admirable se convierte en norma y esta norma no se regula, llegará el día en que el Lado Central, luego de deber rescatado a muchos, necesite ser rescatado de la red que él mismo habrá tejido (Rama de Consultoría Pareto e Intec).