Santo Domingo.- La implementación de una política de «compras verdes» y la asimilación de los criterios medioambientales establecidos en la nueva Ley 47-25 de Contrataciones Públicas representan una oportunidad económica para el país, afirmó Kathia Mejíadirectora ejecutiva de la Red Franquista de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (Hecho).

Durante su décimo en el Foro de Contratación Pública, Mejía destacó que las adquisiciones sostenibles del Estado pueden ser un motor financiero que incentiva la innovación empresarial y abre nuevos nichos de mercado para proveedores con prácticas responsables, que no es solo un compromiso ambiental, sino todavía un mecanismo de competitividad económica.

En el panel «Compras verdes: conectando políticas públicas con el exposición sostenible», Mejía explicó que, si el Estado prioriza productos y servicios con criterios de sostenibilidad, se genera un propósito multiplicador en las cadenas de valencia, estimulando inversiones, empleo y exposición de capacidades en las empresas locales.

Manifestó que, sin retención, la ofrecimiento sostenible, aunque existente, enfrenta un «techo de cristal» en las compras públicas: la descuido de criterios homogéneos y la priorización monopolio del precio son las principales barreras.

Entre los desafíos que enfrentan las empresas se encuentran las limitaciones técnicas en la sucursal pública, ya que muchos comités de compras no cuentan con capacitación para evaluar atributos como la huella de carbono o a eficiencia energética.

Encima, dijo que los productos sostenibles suelen tener costos iniciales más altos que los pliegos de oferta no reconocen a pesar de los ahorros futuros en energía, agua o vigor. Asimismo existe una fragmentación norma que crea inseguridad y dificulta que las empresas dimensionen el mercado potencial.

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“Para exceder estas barreras, Ecored propone tres ejes de acto, el primero, se necesita una norma robusta y criterios claros que incorporen de modo obligatoria la sostenibilidad en sectores de stop impacto, homologando certificaciones reconocidas, como por ejemplo la ISO 14001 y la Energy Star; segundo, se deben crear programas de capacitación para compradores públicos y desarrollar manuales prácticos con ejemplos concretos».

Agregó que se deben crear incentivos para la innovación en el mercado, como un catálogo doméstico de proveedores sostenibles y reconocimientos a las instituciones que lideren en compras verdes.

La directora de Ecored concluyó que las compras verdes no deben ser vistas como un costo adicional, sino como una inversión inteligente.

«El Estado, al liderar con criterios sostenibles, no solo reduce su impacto ambiental, sino que todavía envía una señal clara al mercado: que la innovación, la eficiencia y la responsabilidad empresarial tienen valencia», señaló Mejía.

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El panel «Compras verdes: conectando políticas públicas con el exposición sostenible» fue moderado por María del Pilar Peña, encargada de compras inclusivas y sostenibles de la DGCP, y tuvo como panelistas, por otra parte de Kathia Mejía, a los especialistas Iván Cruz y Rosanna Arias.

Este fue realizado con el objetivo reflexionar sobre el papel transformador de las compras públicas para el exposición financiero, social y ambiental de la República Dominicanaa través de la nueva Ley de Contrataciones Públicas 47-25.