ztevenreal
@abrilpenaabreu
Hay historias que retratan mejor que cualquier mensaje el estado positivo de nuestras instituciones. Una mujer en Boca Chica descubrió que tenía 26 hijos registrados a su nombre en la Concilio Central Electoral. Nadie era suyo. Algunos, según consta, “nacieron” con al punto que un mes y diez días de diferencia.
Lo más inquietante no es solo el ilógico algorítmico, sino la reacción institucional: en ocasión de desobstruir una investigación profunda, la Concilio Central Electoral habría optado por trasladar al director nave. Como si el problema fuese de geogonia, y no de integridad del sistema.
Este no es un hecho ocasional. Recordemos que hace al punto que unos meses fue apresado un corregidor con un compendio de asentamientos de nacidos vivos —el documento más sensible del registro civil dominicano—, y que, misteriosamente, poco luego descocado . Nadie volvió a dialogar del tema. Pero la pregunta persiste: ¿para qué alguno tendría en su poder un compendio así, si no es para manipular identidades?
El sistema de identidad dominicano debería ser intocable. Es el cimiento sobre el cual se levantan todos los demás derechos. Sin un registro civil confiable, se derrumba la concepto misma de ciudadanía. Y sin controles efectivos, la país puede convertirse en mercancía: vendida, falsificada o intercambiada según convenga a intereses oscuros.
Si este caso es positivo —y todo indica que no sería el único— entonces estamos delante una rotura sistémica que podría tener implicaciones gravísimas. Porque si el registro civil puede ser manipulado al punto de crear 26 hijos ficticios, ¿quién nos asegura que el padrón electoral no es igualmente frágil? ¿Quién nos garantiza que no hay cientos de identidades falsas, votos inexistentes o cédulas duplicadas circulando en silencio?
Más allá de la relato, esto es un llamado de alerta franquista. La identidad es poder, y quien la controla, controla el país. Si la Concilio Central Electoral no enfrenta estos casos con transparencia, investigación y condena, estaremos delante una crisis institucional que socava la confianza ciudadana y la legalidad democrática.
En un país donde se cambia un funcionario, pero no el sistema, el problema no se resuelve: se muda de oficina.
