WASHINGTON.- Una jueza ordenó este viernes a la Agencia de Donald Trump detener en el sur de California (EE.UU.) las redadas migratorias indiscriminadas en las que se arresta a personas con saco en su perfil étnico, como el color de piel o el idioma que hablan.

La jueza Maame Frimpong asimismo emitió una orden que prohíbe al Gobierno federal restringir el paso de los abogados en un centro de detención de migrantes en Los Ángeles.

La atrevimiento de la magistrada llega tras la demanda que presentaron la semana pasada delante un tribunal de distrito de California personas afectadas por las redadas y organizaciones defensoras de derechos humanos, que denuncian que en los operativos sehan cometido múltiples violaciones constitucionales y de perfil étnico.

El Área de Seguridad Doméstico (DHS) niega estas acusaciones y asegura que son «repugnantes y categóricamente falsas».

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles del Sur de California (ACLU SoCal), uno de los grupos que representan a los demandantes, detalló en un comunicado que la orden de la jueza «prohíbe a los agentes de inmigración detener a personas sin una sospecha comprensible».

Asimismo prohíbe que las detenciones se basen en factores como la raza o etnia, el platicar castellano o inglés con acento; el tipo de empleo y la presencia en determinados lugares como estaciones de autobús, lavaderos de autos o explotaciones agrícolas.

La segunda «ordena al DHS que proporcione paso a un abogado entre semana, fines de semana y días festivos a las personas detenidas en el B-18, el edificio federal en el centro de Los Ángeles».

Las redadas migratorias en el radio metropolitana de Los Ángeles comenzaron hace un mes y han generado un válido rechazo social e incluso fuertes enfrentamientos con los agentes, lo que ha convertido a California en un símbolo de resistor contra el Gobierno de Trump.

La demanda fue motivada a posteriori de que el pasado 22 de junio hombres enmascarados que escasamente portaban un chaleco con escudos de la Patrulla Fronteriza detuvieron a varios trabajadores de forma violenta, como quedó registrado en videos que se volvieron virales.

Uno de los dueños del zona, identificado como Enmanuel, denunció que los supuestos agentes ingresaron a la fuerza a partes restringidas al divulgado como los túneles donde está la maquinaria y confirmó que en los denuedo se usó fuerza excesiva.

Los múltiples testimonios de los familiares de los detenidos coincidían en que ellos estaban incomunicados y que los denuedo estaban basados en perfil étnico.

“Sin importar el color de su piel, el idioma que hablen o dónde trabajen, todos tienen garantizados los derechos constitucionales que los protegen de detenciones ilegales”, declaró Mohammad Tajsar, abogado principal de la Fundación ACLU SoCal, tras conocerse la atrevimiento de la jueza. EFE