Por: Edwin de la Cruz

Las recientes declaraciones del director militar de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (Dida), Elías Báez, en las que plantea sustituir la cesantía profesional por un seguro de desempleo, no solo resultan inoportunas, sino por otra parte imprudentes e inadecuadas en la presente coyuntura franquista.

La cesantía profesional, conquistada por los trabajadores dominicanos tras décadas de lucha, constituye un pilar de protección frente a la vulnerabilidad del despido y un mecanismo indispensable de equidad social. No es casual que la Confederación Franquista de Trabajadores Dominicanos (CNTD), la Confederación Franquista de Pelotón Sindical (CNUS), la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC) y la Confederación Clasista de Trabajadores (CCT), entre otras, la defiendan como un derecho irrenunciable.

El planteamiento de Báez desconoce que el presidente Luis Abinader ha sido categórico en afirmar que la cesantía no será tocada en ninguna eventual reforma del Código Sindical. Sus declaraciones, por consiguiente, contradicen la vírgula oficial del Gobierno y generan un ruido innecesario en un momento en que el país demanda consensos y estabilidad.

Más pesado aún es que un funcionario cuya responsabilidad institucional es velar por los intereses de los afiliados al sistema de seguridad social se pronuncie sobre un tema que, claramente, excede el entorno de sus competencias. Tal vez, como ciudadano global, hubiese tenido el derecho de expresar una opinión personal. Sin confiscación, como director de la DIDA, su voz compromete la institucionalidad y envía un mensaje erróneo a la clase trabajadora y empleadores.

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La cesantía no es un capricho ni un obstáculo para el crecimiento; es una conquista histórica que protege al trabajador frente al despido, le da tiempo para reorganizar su vida y lo resguarda en una finanzas que todavía exhibe altos niveles de informalidad y desigualdad. Sustituirla por un seguro de desempleo, sin un sistema robusto y universal de seguridad social, no sólo debilitaría derechos, sino que dejaría a miles de familias a merced de la incertidumbre.

En nuestra calidad de presidente de la Asociación de Usuarios de la Seguridad Social rechazamos las declaraciones de Báez, por inoportunas, imprudentes e inaceptables. La voz de un servidor notorio debe sintonizar con el interés franquista, con la política trazada por el patrón de Estado y, sobre todo, con la defensa irrestricta de los derechos de los trabajadores.

La cesantía profesional no se negocia, no se discute y no se elimina. Se respeta y se fortalece.

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