Siguiendo la tipología de “estado de bienestar”, Uruguay es un país de excepción. Si acertadamente muchas de estas políticas se consolidaron durante la era progresista, no son exclusivas de esta. De hecho, ya desde comienzos del siglo XX, donde el maniquí político que imperaba respondía a la corriente batllista, el Estado se caracterizaba por una tradición progresista y humanista. En la era moderna, Uruguay ha procurado mantenerse a la vanguardia en términos de jurisprudencia social: la regulación y control del cannabis, la despenalización del pérdida, la promulgación del boda igualitario, son solo algunos ejemplos de los muchos logros de una verdadera democracia progresista. Y ahora, tras la legitimación de la eutanasia, suma una nueva conquista en materia de derechos, brindando a los ciudadanos garantías incluso en los momentos más críticos de su vida.

El Parlamento es, en intención, la casa de la democracia. Ese perímetro, tan magnánimo, alberga las discusiones políticas más relevantes del país. Así, el pasado 15 de octubre, tras una larga sesión del Senado, se aprobó una de las leyes más discutidas y progresivas del mundo: la de “crimen digna”, que legaliza la eutanasia en casos de enfermedad incurable y padecimientos extremos. Con esta intrepidez, la nación suramericana se convierte en el onceavo país a nivel mundial, el séptimo a nivel parlamentario en reglamentarla. A diferencia de los casos de Colombia y Ecuador, donde la eutanasia está despenalizada a través de fallos judiciales, Uruguay marca un precedente en América Latina al consagrarla por medio de una norma clara, formal y garantista.

Inspirada en modelos como los de Bélgica y Países Bajos, la nueva ley ofrece todas las garantías necesarias para la correcta aplicación de la eutanasia activa. Contará con una comisión honoraria encargada de evaluar los casos de guisa anual, el respaldo de una Acoplamiento Médica y hasta mecanismos de revocación, tanto para el paciente que desista del procedimiento, como para los profesionales que se nieguen a llevarlo a lengua. Como defendieron legisladores como el oficialista Daniel Borbonet, neonatólogo de profesión, la ley no impone obligación alguna, sino que crea alternativas donde antaño no existían.

Lea más: ¿Por qué Perú declara estado de emergencia en Fresa y Callao?

La promulgación de esta ley es la culminación de más de cinco abriles de intensas deliberaciones, así como de cuestionamientos políticos, éticos y hasta morales. Entre algunas de las más resonadas críticas, están justificaciones de tipo religioso que, en una nación laica desde 1917, deberían no tener mucho eco en el debate divulgado. Sin requisa, persisten quienes, bajo excusas derivadas de la bioética, reniegan del tesina alegando que va en detrimento de la propia vida humana. En contraposición, sus defensores destacan el carácter “garantista” de la regulación, que confiere a cada individuo la autonomía de atreverse sobre su cuerpo en circunstancias en las que la mera existencia les resulta un hastío.

¿Disciplina partidaria? No, autogobierno y convivencia

El debate sobrevivió dos períodos de gobierno, un cambio de signo político, reorganizaciones parlamentarias, pero nones perdió la tónica del respeto y la concertación. En un país acostumbrado a procesar sus diferencias con serenidad institucional, la eutanasia requirió de mucha paciencia, pero nones incurrió en estridencias.

En 31 votos posibles, 20 fueron favorables. Por otra parte de la mayoría de 17 votos por parte de la coalición de izquierda, Frente Amplio, que ostenta la Presidencia de la República, los 3 restantes pertenecen a partidos opositores, 2 del Partido Colorado y 1, sorprendente, voto del Partido Doméstico. Ninguna fracción política votó movilizado por disciplina partidaria, sino a título personal. Esta autogobierno de batalla permitió que figuras como la de la senadora Graciela Bianchi, del Partido Doméstico, se desmarcara de sus correligionarios y apoyara el tesina.

Ope Pasquet, considerado “el padre” de dicha constitución, defendió la misma alegando que “no hay dignidad sin autogobierno”. Este distintivo diputado, recientemente retirado, volvió al colección parlamentario para dar su final y central aporte. Pero la ley no es solo obra de legisladores y legisladoras bienhechores, sino que todavía es el triunfo de una sociedad civil organizada e informada. La soberanía radica en la nación, y cualquier política pública progresiva requiere de movilizaciones. Sin el trabajo de colectivos como Empatía Uruguay, así como de los fuertes testimonios de pacientes y familias que atravesaron dolorosos procesos, el tesina posiblemente estaría perdida en el cajón de algún escritorio.

¿Homicidio digna? Sí, crimen dispensado, serena y, por encima todo, digna

A modo de corolario, es verdad que el debate respecto a la ley está allá de saldarse. Tal como sucede con muchos proyectos cuasi disruptivos, de a poco continuarán fortaleciéndose las voces más detractoras. A algunos, el título de “crimen digna” les resulta casi que nefasto. Según alegan, ¿qué distingue una crimen digna de una indigna? Probablemente la respuesta radique en el mismo principio que da sentido a la vida: la autogobierno y, sobre todo, la autogobierno de atreverse.

Uruguay con esta constitución no celebra la crimen, muchos menos la incentiva. Aquí se ofrece, a las personas en determinadas circunstancias, la fianza de que podrán designar sobre su propia vida. Fallecer con dignidad no depende solo de circunstancias médicas, así como siquiera de trasfondos religiosos o culturales, sino de fijar la autonomía de la intrepidez. Se prostitución de consagrar un principio inherente a la autogobierno del individuo.

Paradójicamente, el día sucesivo de la promulgación, el presidente de la República, Yamandú Orsi, se encontraba en el Vaticano a la dilación de ser recibido por el sumo pontífice, Arrogante XIV. Consultado sobre la ley, señaló que la eutanasia es un asunto que pone a dialogar los temas filosóficos con los religiosos, no así con identidades partidarias. Aunque su respuesta no resultó convincente para muchos, en ese momento, fue la más elegante posible. Al final, la ley de eutanasia ya es una efectividad para Uruguay, ofreciendo todavía una hoja de ruta para la región: la dignidad no se legisla mediante dogmas, sino con diálogo y, sobre todo, autogobierno.

Valentina Starcovich es internacionalista egresada de la Universidad de la República, Uruguay. Posgraduada en Comercio Internacional de la Universidad de Montevideo y candidata a magíster en Ciencia Política Universidad Torcuato di Tella, Argentina.