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En República Dominicana la corrupción no es simplemente un engendro eventual ni un conjunto de actos cometidos por individuos con afición delictiva. Es, más aceptablemente, la expresión de un sistema de impunidad estructural que permite que quienes administran fondos públicos operen sin la amenaza positivo de un castigo proporcional. La raíz del problema no es solo la existencia de funcionarios corruptos, sino la abandono de un régimen efectivo de consecuencias. Dicho de guisa simple: en el país “no pasa carencia”.
La ciudadanía observa con frustración cómo los mecanismos institucionales “la equidad”, los órganos de control, las agencias reguladoras en área de hacer como murallas éticas para amparar los posibles públicos, terminan convertidos en engranajes de un sistema que negocia, reduce y blanquea la dificultad del delito. Se ha normalizado que quienes han saqueado al Estado lleguen a acuerdos judiciales que, bajo el argumento de “recuperar lo robado”, solo exigen la devolución de una porción mientras el resto queda en manos de los implicados.
Este mecanismo, presentado como un avance procesal o una vía para apresurar expedientes, funciona en la habilidad como un sofisticado proceso de certificación del lavado de activos provenientes de la corrupción. El mensaje que envía a la sociedad es devastador: robar al Estado es rentable, negociable y, en ocasiones, incluso perdonable.
SENASA: cuando el saqueo se convierte en crimen contra la humanidad cotidiana
En este contexto, uno de los ámbitos donde la corrupción adquiere dimensiones particularmente graves es en el sector lozanía. El desfalco o uso indebido de fondos del Seguro Doméstico de Vitalidad (SENASA) no puede entenderse solo como un simple delito crematístico. Se comercio de un ataque directo a la seguridad humana, a la protección social y al derecho fundamental a la lozanía de millones de ciudadanos.
Cuando funcionarios o intermediarios se apropian de fondos destinados a medicamentos, coberturas, cirugías o tratamientos, están creando condiciones que ponen en peligro la vida de dominicanos vulnerables. La corrupción en este sector no mata con armas ni provoca explosiones, pero sí incrementa la mortalidad por errata de atención, retrasa diagnósticos y deja desamparadas a familias enteras. Es una violencia silenciosa, pero igualmente ofensivo.
De allí que resulte pertinente sostener que el robo sistemático al SENASA debe considerarse una forma contemporánea de crimen de lesa humanidad, entendiendo que afecta de guisa masiva, prolongada y oneroso los derechos esenciales de la población. Puede no encajar en la tipificación clásica del Derecho Penal Internacional, pero sí en la dialéctica ética y política de aquellos crímenes que degradan la dignidad humana y destruyen la confianza social.
¿Qué hace la equidad?
La equidad dominicana, en muchas ocasiones, termina actuando como un actor que blanquea el daño en área de repararlo. Las negociaciones, los acuerdos, la reducción de cargos, el “devuelve una parte y vete tranquilo”, funcionan como un sistema paralelo de impunidad que erosiona cualquier principios de equidad distributiva.
En vez de robustecer el precedente sancionador, estos acuerdos consolidan la percepción ciudadana de que la ley no es igual para todos. Mientras un ciudadano global enfrenta consecuencias severas por delitos menores, quienes administran fondos públicos disfrutan de un trato indulgente que premia la negociación por encima de la responsabilidad.
Rehacer el régimen de consecuencias
Romper este ciclo exige mucho más que reformas legales. Requiere una transformación ética del sistema sumarial, un rediseño institucional que impida la discrecionalidad negociada y una voluntad política que coloque la protección del interés sabido por encima de los pactos de élites.
La corrupción en República Dominicana no es necesario. Es el resultado de estructuras que la permiten, la toleran y, en ocasiones, la celebran bajo el disfraz de la eficiencia procesal. El país necesita comprender que cada peso robado al Estado y especialmente a instituciones esenciales como el SENASA es una embestida directa a su bienestar colectivo. Y mientras no exista un régimen de consecuencias robusto, la impunidad seguirá siendo la regla y no la excepción.
El círculo perverso: impunidad, reincidencia y certificación
En República Dominicana, la impunidad no es solo la errata de castigo: es un sistema que permite que los responsables vuelvan, una y otra vez, a habitar posiciones de influencia. La inexistencia de sanciones severas, sumada a la permisividad institucional, genera un círculo perverso donde:
La corrupción se normaliza.
Las redes se fortalecen.
Los mecanismos de control se debilitan.
La ciudadanía pierde confianza en el Estado.
Sin consecuencias reales, cualquier logística anticorrupción se convierte en un adiestramiento retórico. La efectividad de un sistema de equidad se mide no solo por la cantidad de casos judicializados, sino por la capacidad de romper la alianza entre poder político, intereses económicos y tolerancia social.
Con destino a un nuevo pacto ético y forense
La lucha contra la corrupción requiere más que operativos mediáticos. Se necesita:
Un régimen de consecuencias reales, con sanciones penales fuertes y sin privilegios procesales.
Independencia efectiva del Empleo Notorio y de los órganos de control.
Reformas en la contratación pública, con trazabilidad total del desembolso.
Inhabilitación permanente para habitar funciones públicas a quienes cometan delitos contra el Estado.
Educación cívica para desnormalizar el clientelismo y el patrimonialismo.
La corrupción no desaparecerá por voluntad decente: se erradica con instituciones sólidas y una ciudadanía consciente.
El autor es politólogo, egresado de la Venia de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Perímetro San Francisco. Analista internacional y ensayista de temas locales, nacionales e internacionales.
