SANTO DOMINGO. El exregidor por Boca Chica Francisco Alberto Paulino Castro, mejor conocido como “Francis” o “El Compadre”, no solo figura como uno de los imputados centrales de la red de apoyo logístico al narcotráfico desmantelada en la Operación Kraken, sino que encima aparece como un hombre que, durante más de una término, acumuló propiedades con documentos que lo vinculan directamente con procesos de negocio de terrenos del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) en su municipio desde 2014, aprovechando sus influencias en la comunidad.
Estas informaciones constan en los hallazgos documentales ocupados en los allanamientos practicados en sus propiedades durante el nuevo cateo que se le practicó previo a su detención para ser enjuiciado por ser parte del asociación criminal desmantelado.
Durante el registro de uno de los inmuebles donde reside Paulino Castro, las autoridades ocuparon un conjunto de documentos que levantan interrogantes sobre el camino privilegiado que habría tenido para la adquisición de terrenos del CEA.
En el expediente del igualación se detalla la ocupación de una certificación del Consejo Estatal del Azúcar emitida a nombre de Francisco Alberto Paulino Castro, fechada el 30 de diciembre de 2014, que incluía la solicitud de negocio de terrenos, enunciación jurada de inmueble y la certificación de la Alcaldía de Boca Chica.
Incluso le fue encontrada una remisión de “no crítica” a la traspaso de contorno, igualmente emitida por el CEA y todavía a auspicio de Paulino Castro, fechada el 4 de abril de 2014.

Estos dos documentos muestran que Paulino Castro tramitó y obtuvo, autorizaciones para comprar tierras propiedad del Estado en la zona de Boca Chica, y que estas operaciones se remontan al periodo citado.
Arrestado y no sometido en 2010
Paulino Castro logró sustentar vigencia e influencia en Boca Chica pese a que en 2010 fue arrestado por vinculación con narcotráfico, sin secuestro los registros de ese proceso indican que no fue procesado judicialmente, lo que le permitió en el futuro obtener varios certificados de buena conducta emitidos por la Procuraduría Común de la República, incluyendo aquellos que le permitieron presentarse como candidato a Regidor de Boca Chica, posición que ganó en 2020 y que le permitió hasta presidir la sala capitular.
La solicitud de medida de coerción todavía producida tras su arresto la semana pasada destaca que Paulino Castro es propietario de “varios terrenos rurales”, cuyo valencia financiero está siendo evaluado, con el fin de determinar el origen del metálico usado para su adquisición y su posible vinculación con actividades de narcotráfico.
Esto aparece en el expediente cuando el Tarea Notorio describe que varios inmuebles intervenidos en los allanamientos habrían sido adquiridos con metálico del narcotráfico.
En la solicitud de medida de coerción el Tarea Notorio establece que Paulino Castro “Pertenece a la estructura investigada, donde se le conoce como “Francis” o “El Compadre”.
Asimismo, el expediente lo vincula a prácticas de narcotráfico, perjuicio y delitos violentos, incluyendo la décimo en una ordenamiento con “métodos propios del narcoterrorismo”.
Dominio Territorial
El asociación detenido tras la operación Kraken tenía un control territorial en la zona estratégica que le permitía ofrecer con más facilidad una especie de “servicios logísticos” para grupos de narcotraficantes.
Operaban principalmente en Boca Chica, Andrés, La Caleta y áreas cercanas al Puerto Multimodal Caucedo.
Este control territorial es el mismo entorno donde Paulino Castro adquirió terrenos, operó empresas y mantuvo su plataforma política, lo que sugiere una convergencia entre sus intereses económicos, influencia particular y actividades de la red.
La medida de coerción establece que varios imputados —incluyendo Paulino Castro— utilizaban inmuebles como puntos de operaciones del narcotráfico, espacios para pagos ilícitos, mecanismos para alegar ingresos o disimular ganancias.
Las compras de terrenos del CEA y de propiedades privadas en 2013, 2014 y 2020 encajan interiormente de este patrón y abarcan desde su primera detención por narcotráfico en 2010 hasta su progreso a la posición de regidor en 2020, habiéndose librado de ser registrado como procesado por temas de narcotráfico.







