Recientemente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó una entrada en su blog en la que señala que las leyes de responsabilidad o reglas fiscales deben ser flexibles para adaptarlas a las realidades macroeconómicas del momento, pero sin perder aptitud y contundencia. Las reglas fiscales buscan aportar claridad y previsibilidad a las finanzas públicas, pero la experiencia muestra que solo funcionan cuando están admisiblemente diseñadas y se aplican con credibilidad. Esto es especialmente pertinente para la República Dominicana, donde el presupuesto enfrenta crecientes presiones por el pago social, los subsidios y los costos recurrentes, mientras la inversión pública en infraestructura se mantiene persistentemente desprecio respecto de las deyección de expansión. Cuando el espacio fiscal se estrecha, los proyectos de hacienda suelen ser los primeros en recortarse, lo que frena las ganancias de productividad y debilita los cimientos del crecimiento de holgado plazo. El liza, por consiguiente, no es simplemente “apretarse el cinturón”, sino hacerlo de guisa que se proteja la inversión de ingreso calidad y se mantenga la deuda en una senda segura.

Un situación novedoso de responsabilidad fiscal para la República Dominicana debe partir de un áncora simple y prudente —como una senda clara de deuda o una meta de arqueo primario de mediano plazo—, firmemente vinculada al presupuesto anual y al plan fiscal plurianual. El áncora debe ser manejable de monitorear y comunicar, y calibrarse según la exposición del país a choques, incluidos huracanes y variaciones de la demanda externa. Para padecer el áncora a la habilidad, es preferible una regla de pago que limite el crecimiento del pago primario corriente mientras soporte el pago de hacienda prioritario, en sitio de topes de adeudo rígidos que fomentan cortaduras generalizados. En el contexto dominicano, esto ayuda a revertir el sesgo histórico contra la infraestructura cuando los ingresos decepcionan o el pago corriente se desborda.

Ahora admisiblemente, las reglas son tan sólidas como sus mecanismos de corrección. Cuando se superan umbrales o la senda de deuda se desvía, los disparadores predefinidos deben exigir automáticamente un plan de corrección formal interiormente de un plazo fijo. Ese plan detallará medidas concretas —contención del pago, ganancias de eficiencia, movilización de ingresos y reasignaciones— para retornar a la regla, y lo hará a lo holgado de los próximos dos o tres presupuestos, en sitio de apelar a cortaduras abruptos de inversión a centro de año. Incluso pueden incorporarse salvaguardas progresivas: a medida que la deuda se acerque a un puertas de aventura, se aplicarán límites más estrictos al crecimiento neto del pago corriente hasta restablecer la trayectoria. La evidencia internacional muestra que estos mecanismos creíbles tienden a someter el costo de financiamiento, lo que, para un emisor activo como la República Dominicana, se traduce directamente en espacio fiscal para inversión que impulse el crecimiento.

Proteger la inversión pública implica no solo cantidad, sino igualmente calidad. Una vía habilidad es establecer un firme plurianual para el pago de hacienda —expresado como proporción del pago total o del PIB—, combinado con rigurosas evaluaciones costo-beneficio y de aventura climático, de modo que solo los proyectos maduros y de suspensión retorno se contabilicen para dicho firme. Esta “regla de oro 2.0” reduce el patrón de arranques y paradas que encarece y retrasa los beneficios en carreteras, agua y saneamiento, transmisión eléctrica, escuelas, hospitales y resiliencia costera. Al mismo tiempo, acorazar las salvaguardas de las alianzas público-privadas (APP) —registro central, descomposición estandarizados de valencia por billete e informes transparentes de pasivos contingentes— ayuda a evitar riesgos extrapresupuestarios que minan la credibilidad de la regla.

Las instituciones de apoyo son la columna vertebral de unas reglas efectivas. El presupuesto anual debe insertarse en un situación fiscal de mediano plazo (tres a cinco abriles) que muestre la trayectoria de la deuda, los techos de pago y la cartera de inversión. Un consejo fiscal independiente —enfocado, técnico y no partidista— puede evaluar los supuestos macroeconómicos, monitorear el cumplimiento y informar informes regulares que informen al Congreso y a la ciudadanía. Por zaguero, revisiones periódicas y basadas en reglas de los gastos tributarios y los fondos etiquetados pueden liberar bienes para infraestructura sin subir las tasas nominales, a la vez que mejoran la equidad y la transparencia.

Poliedro que la República Dominicana está enormemente expuesta a desastres naturales y choques externos, las cláusulas de escape deben ser estrechas, transparentes y temporales. Deben fundamentarse en disparadores objetivos —por ejemplo, una información oficial de desastre o un puertas cuantificado de daños—, incluir una caducidad cibernética y una ruta clara de retorno al cumplimiento mediante un plan de corrección. La notificación parlamentaria y la evaluación del consejo fiscal pueden disuadir el uso indebido. Proporcionadamente diseñadas, estas cláusulas permiten respuestas decididas en crisis sin pincharse el plataforma del situación.

En términos prácticos, adoptar este situación cambiaría la conversación presupuestaria. Cada ley de presupuesto especificaría la senda de deuda y el techo de pago corriente para un horizonte plurianual, anejo con las medidas que los sostienen. El pago de hacienda estaría protegido por un firme veraz y filtros de calidad, en sitio de ser la válvula de ajuste por defecto. Si surgieran debilidades de ingresos o choques, el gobierno presentaría un plan con plazos definidos para corregir el rumbo, en vez de apelar a cortaduras a centro de año que retrasan las obras y erosionan la confianza. Informes periódicos e independientes de cumplimiento fortalecerían la confianza pública y la credibilidad de la política fiscal.

Este enfoque igualmente alega a la pregunta central: ¿puede la República Dominicana volver más sin incurrir en riesgos fiscales? La respuesta es sí, si hay disciplina en la secuencia. Primero, estabilizar y someter gradualmente la deuda mediante el techo al pago corriente y herramientas automáticas de corrección. Segundo, reasignar prioridades evaluando gastos tributarios y subsidios, mejorando las compras públicas y acelerando la preparación de proyectos. Tercero, orientar el endeudamiento a infraestructura admisiblemente evaluada y resiliente al clima, que amplíe la almohadilla tributaria y la capacidad exportadora —corredores logísticos, transmisión eléctrica, agua y saneamiento, y conectividad digital—, interiormente de los límites del áncora de deuda.

Los beneficios son tangibles. Una regla veraz abarata el financiamiento, reduce la volatilidad macroeconómica y protege las inversiones que impulsan la productividad, atraen hacienda privado y crean buenos empleos. Remotamente de ser incompatible con el expansión, la disciplina fiscal —anclada, exigible y respaldada institucionalmente— puede ser el útil que, por fin, ponga fin al ciclo de subinversión en infraestructura. Con un situación adaptado a su verdad y a su ley de reglas fiscales, la República Dominicana puede sostener las finanzas públicas como fuente de estabilidad mientras construye la infraestructura que sustenta un crecimiento más rápido e inclusivo.

Con la reformulación del presupuesto complementario, las nuevas autoridades del Ocupación de Hacienda y Riqueza reconocieron que es importante adoptar la flexibilidad fiscal sin perder la prudencia, porque el pago de hacienda productivo es lo que nos encaminará a retomar la senda del crecimiento financiero potencial. Y, en verdad, ese es el rol de la política fiscal: estimular la demanda agregada. Sin secuestro, frente a la desatiendo de proactividad en el pasado, el Tira Central asumió ese rol de estimular la demanda agregada para encaminar el crecimiento. Con todo, la nuevo valentía de las autoridades monetarias de someter la tasa de política monetaria en 25 puntos básicos no está alineada con la nueva postura de la política fiscal. Resumir la tasa de política monetaria —independientemente de que la Reserva Federal de los Estados Unidos prevé más cortaduras cerca de el final del año— podría aumentar la fuga de capitales de los agentes económicos cerca de activos de pequeño aventura a tasas pasivas similares, lo que provocaría decano volatilidad en el tipo de cambio y presiones inflacionarias. Por consiguiente, la sincronización de la política fiscal y la política monetaria será fundamental para apuntalar un crecimiento financiero sostenido y sin sobresaltos.