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Manuel Vólquez
Los traficantes de personas serán castigados hasta con 40 primaveras de prisión cuando concurren agravantes específicas, según establece la modificada ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Prostitución de Personas, aprobada por la Cámara de Diputados.
La renovada fuero pasó a la cancha del Poder Ejecutante para su promulgación u observación.
Esa iniciativa, antiguamente de ser enmendada, contempla que el delito de manejo de personas será castigado con penas de 20 a 25 primaveras de clausura y multas de entre 700 y 1,500 salarios mínimos del sector sabido y quienes participen como cómplices, se les impondrá entre 15 y 20 primaveras de prisión, cuando las agravantes se han mínimas.
Explica que, en el caso del tráfico ilícito de migrantes, el castigo saco para los cómplices será de 10 a 15 primaveras de prisión. Cuando se presentan circunstancias agravantes, las penas pueden ascender y entrar hasta los 40 primaveras de prisión.
Esta Ley, que fue promulgada en el año 2003, tiene por objeto adecuar la tipificación del tráfico ilícito de migrantes y sus delitos conexos, de las circunstancias agravantes de la manejo de personas, estableciendo, todavía penas que sancionen y desincentiven la comisión de estos hechos delictivos mediante la modificación y la inclusión de varios artículos, entre ellos el 2, 3, 6 y el 7.
Entre las agravantes contempladas por la ley se encuentran: la crimen de alguna de las personas objeto del tráfico, daños físicos o psicológicos permanentes a las víctimas y décimo de funcionarios en el tráfico.
Encima, sanciona los vínculos con crimen organizado doméstico o transnacional, uso de tortura o barbarie, falsificación de documentos de identidad o alucinación, así como la reincidencia en la conducta delictiva y uso de empresas, agencias de viajes.
La duplicidad de la pena para este delito representa un paso importante para malquistar a los ciudadanos, civiles, militares o policiales, funcionarios gubernamentales, empresarios agrícolas, involucrados en esa anti patriótica praxis, quienes de forma temeraria continúan traficando con inmigrantes ilegales a través de la frontera dominico-haitiana.
Posteriormente que sea promulgada la modificación de esta decreto jurídica, por parte del Poder Ejecutante, solo queda que la equidad haga su trabajo. Por cierto, ya han sido evacuadas varias condenas, lo que indica que es un buen indicio de que existe inclinación para combatir esa tarea con todo el rigor forense. Los promotores del trasiego de personas, sin excepción, merecen un castigo severo.
Lo mismo aplicaría para los secuestradores, violadores sexuales, matadores de mujeres y narcotraficantes. El nuevo Código Penal Dominicano contempla el castigo para estos delitos.
Hay que aplicar el concepto que dice: «La ley es la ley», sin importar las circunstancias o consecuencias políticas. El respeto al orden permitido debe estar por encima de todo. No podemos continuar salpicados del desorden y el caos que por décadas nos afectan.
