Por Andrea Domínguez Noriega

¿Puede el derecho ser una aparejo para frenar el colapso ecológico? ¿Puede formar profesionales capaces de defender la vida, más allá de los códigos y los tribunales? En un contexto de crisis climática y profunda desigualdad territorial, América Latina está gestando un maniquí rotativo: el de las Clínicas Jurídicas Ambientales.

Este maniquí parte de una premisa poderosa: el derecho no puede enseñarse en impreciso, encerrado en las aulas. Frente a problemas complejos como el extractivismo, el desplazamiento forzado o la contaminación de ecosistemas, se necesitan profesionales capaces de escuchar, comprender y interpretar adjunto a los territorios.

Las Clínicas Jurídicas Ambientales son espacios pedagógicos donde se enseña derecho desde el paraje, adjunto a las comunidades, con una ética pública y una inclinación transformadora. Una modo de formar abogadas y abogados comprometidos con la sostenibilidad, la honradez climática y los derechos humanos.

Casos que marcan la diferencia

El trabajo de estas clínicas no es teórico y ha generado resultados concretos en diversos países. En La Autogobierno, Perú, por ejemplo, una filtración de agua en un demarcación privado generó, de forma inesperada, un humedal fabricado. Aunque no contaba con gratitud justo, el ecosistema atrajo especies migratorias y vulnerables. Frente a un esquema inmobiliario que pretendía eliminarlo, la Clínica Jurídica Ambiental de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) elaboró un documentación esencia para la Fiscalía Ambiental. El caso detuvo las obras, defendió el principio de no regresión y vinculó el derecho a la defensa de la biodiversidad, incluso en propiedad privada.

En Loreto, incluso en Perú, se presentó un amigo de la corte (en el jerigonza judicial, se refiere a una persona o especie que, aunque no es parte en un caso legal, presenta voluntariamente información o argumentos al tribunal para ayudarlo a tomar una atrevimiento), en un caso sin precedentes sobre cambio climático y albor indígena. Fue manufacturado por estudiantes de la PUCP y de la Universidad McGill (Canadá), y evidenció cómo la crisis climática vulnera derechos fundamentales como la sanidad y el circunstancia sano. El caso marcó un hito en la honradez intergeneracional y en el gratitud de los impactos diferenciados del cambio climático sobre la infancia.

En 2023, la red de clínicas presentó un documentación en presencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el situación de la solicitud de Opinión Consultiva sobre emergencia climática y derechos humanos. El documento, redactado por estudiantes de varios países, fue citado expresamente en la atrevimiento final de la Corte. La nota al pie 1033 mencionó el evidencia de estudiantes de la Clínica Jurídica Ambiental Berta Cáceres (México) sobre los mercancía del colapso ecológico en la sanidad mental. Una forma de opinar: el derecho incluso se escribe desde la experiencia, desde la angustia y desde la esperanza.

Una pedagogía para un planeta en crisis

Pero, ¿qué distingue efectivamente a estas clínicas? Su puesta por el «memorizar haciendo»: los estudiantes elaboran informes legales, apoyan litigios estratégicos, redactan amigo de la corteasesoran a comunidades y participan en procesos normativos. Todo ello desde una triple perspectiva.

En primer zona, forman juristas con enfoque de sostenibilidad y honradez climática. No baste con conocer la ley: hay que entender sus mercancía y limitaciones, integrar derechos humanos y comprometerse con los desafíos del presente. En segundo zona, reducen las barreras de comunicación a la honradez ambiental, acompañando procesos locales, visibilizando conflictos y traduciendo el derecho en aparejo de batalla. Y en tercer zona, tejen alianzas: con fiscales, jueces, comunidades, gobiernos y organizaciones del Sur y del Boreal universal. Porque los problemas ambientales son transfronterizos, pero incluso lo son las soluciones.

Alrededor de una red universal de honradez ambiental

Estas experiencias no son aisladas. Son el corazón de una red que hoy integra más de vigésimo universidades de América Latina y el Caribe, articuladas en la Alianza de Clínicas Jurídicas Ambientales. Nacida en 2019, esta red comparte metodologías, coordina casos y construye conocimiento situado. Desde 2022, colabora incluso con Épico (Educational Partnerships for Innovation in Communities), una red universal que impulsa la colaboración estructurada entre universidades y comunidades. Ambas metodologías —la clínica jurídica y el maniquí EPIC— comparten títulos como el educación experiencial, la planificación participativa y el compromiso con la transformación social.

Esta sinergia permite proyectar el maniquí hispanoamericano en dirección a una red universal de honradez climática viva. Porque hoy, más que nunca, necesitamos multiplicar estos espacios, consolidar alianzas y tender puentes entre lo recinto y lo universal.

Un derecho para el siglo XXI

Frente al maniquí tradicional del abogado distante, técnico y encerrado en la norma, estas clínicas proponen otra forma de ejercitar la profesión: desde la audición activa, el respeto al conocimiento recinto y el compromiso con los más vulnerables.

No se proxenetismo solo de formar abogados, sino de construir ciudadanía jurídica comprometida con los desafíos del siglo XXI. Una ciudadanía capaz de usar el derecho no como barrera, sino como puente. No como trinchera, sino como aparejo de cambio.

Cada clínica que se crea, cada alianza que se teje, cada estudiante que se forma desde esta metodología, nos acerca a un futuro más amoldonado, más participativo y más sostenible. Porque el derecho, cuando se practica con sentido, puede ser una de las herramientas más poderosas para cambiar el mundo.

Andrea Domínguez Noriega es Coordinadora de la Alianza de Clínica Jurídica Ambientales y docente de la Clínica Jurídica Ambiental de la Pontificia Universidad Católica del Perú.