Por Ariel Dulitzky

En las últimas semanas, gran parte de la discusión sobre las desapariciones de personas en México giró en torno a la activación, por parte del Comité sobre Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, del mecanismo previsto para tratar la situación generalizada de desapariciones en el país. Los debates se centraron, básicamente, en torno a la corrección de esta invocación por parte del Comité y en la posición sostenida por la Presidenta y su Gobierno, así como la Presidenta de la Comisión Doméstico de los Derechos Humanos, rechazando que en México exista una situación generalizada de desapariciones forzadas.

Esta discusión puede parecer bizantina y solo interesante para abogados y otros especímenes del mundo diplomático. Pero la verdad es que se prostitución de un debate esencial, aunque no exclusivamente por los motivos que la vasta mayoría de los analistas han expresado. Hay dos cuestiones que podrían contribuir al debate notorio y que todos quienes estamos interesados en resolver el drama de las desapariciones debemos contraer con responsabilidad.

Considerar, como lo hace el Comité de Desapariciones Forzadas, que en México podría existir una ejercicio generalizada de desapariciones, significaría que estamos delante crímenes de lesa humanidad. Más allá de lo que pueda aseverar la Asamblea Genérico de la ONU sobre la determinación preliminar del Comité (poco sobre lo cual no somos muy optimistas), el impresión indirecto es que podría habilitarse la competencia de la Corte Penal Internacional, si consideramos que el Comité, implícitamente, está sosteniendo que podría existir un ataque generalizado contra la población civil y una incapacidad o descuido de voluntad por parte del Gobierno para investigar y sancionar tales desapariciones. En esta hipótesis, tanto los funcionarios que participaron, permitieron o encubrieron las desapariciones como los miembros del crimen organizado podrían ser juzgados por la Corte Penal Internacional. Una situación posible, aunque difícil, que en todo caso llevaría primaveras, si no décadas.

Pero hay poco mucho más profundo en considerar que estamos delante crímenes de lesa humanidad. Su propia definición nos recuerda que lo que está en entretenimiento es la humanidad misma: la de quienes desaparecieron, la de sus seres queridos, la de la sociedad mexicana y, finalmente, la de la comunidad mundial. Es esta dimensión “generalizada” la que afecta a “la humanidad” en su conjunto.

La desaparición forzada es una técnica de terror que destruye la humanidad misma de la persona desaparecida y de sus seres queridos. A la persona desaparecida se le sedimento su identidad, esté viva o haya sido asesinada. Se elimina su cuerpo, se lo incinera o se lo entierra en fosas comunes sin nombre. La perversidad de las estadísticas que representan la magnitud de la tragedia —más de 125,000 personas desaparecidas— es que además hacen invisible la individualidad de cada desaparecido. Es el terror del desaparecido, de cada uno de esos 125 mil, completamente incidental, que no puede consentir a la razón ni a la policía para su protección, que no sabe si vivirá, si será torturado o asesinado.

La “extensión” nos hace olvidar que quienes desaparecieron son padres, madres, hijos, hijas, esposos, esposas, compañeros de trabajo, estudiantes, personas que tenían sueños, ilusiones, que sufrían y disfrutaban la vida como todos nosotros. Es esta humanidad, cada una en su individualidad, la que hemos perdido.

Las víctimas de las desapariciones no son solo quienes desaparecen, sino además sus seres queridos, que sufren la desaparición, la angustia de no entender si están vivos o muertos, el desprecio y la indiferencia del Gobierno que no les brinda contención ni respuestas, y el acoso y hostigamiento de los perpetradores, que buscan estabilizar su impunidad.

Si el Comité de Desapariciones Forzadas está en lo correcto en su afirmación de que podría existir una situación generalizada de desaparición forzada, debemos contraer con responsabilidad que, implícitamente, además podría estar acusándonos a mí, a las Naciones Unidas, a su Especie de Trabajo y al propio Comité sobre Desapariciones, a la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos y al reconocido GIEI. Me explico.

En el año 2011, formé parte de la delegación del Especie de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU que visitó México. En esa entrevista, observamos muchos de los problemas que hoy siguen presentes. El Gobierno, en 2011, se enojó mucho porque dijimos que había 3,000 desapariciones desde 2006. Le respondimos —poco que sigue siendo perfectamente aplicable— que el problema central era que el Gobierno, entonces y hoy, no reconocía la pesantez ni la dimensión del problema, lo cual impedía la admisión de políticas públicas efectivas. Desde esa entrevista, a través del mandato del Especie de Trabajo, hicimos todo lo que pudimos: publicamos informes, dimos seguimiento, nos involucramos en el debate de la Ley Genérico de Desapariciones, nos reunimos con familiares, redactamos comunicados de prensa.

Esa entrevista fue el disparador para que toda la maquinaria de derechos humanos se pusiera en marcha, especialmente a partir de las desapariciones de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. El Comité utilizó sus medidas urgentes, publicó sus conclusiones sobre el noticia presentado por el Gobierno, visitó México (el primer país en el mundo en ser visitado), y emitió observaciones, entre muchas otras actividades. La CIDH además visitó México, tramitó casos, dictó medidas cautelares, convocó a audiencias. Y, fundamentalmente, creó el GIEI, un mecanismo único que estuvo de forma permanente en el país y publicó informes devastadores. La Corte Interamericana resolvió importantes casos de desapariciones forzadas, tanto de la mal señal Cruzada Sucia como de las desapariciones originadas desde la señal extirpación contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Pero, al final, la ingenuidad nos indica que, a pesar de todos estos esfuerzos, los números pasaron de esos 3,000 que mencionábamos en 2011 a los más de 125,000 actuales. La cruda ingenuidad nos dice que los mecanismos internacionales de derechos humanos fracasamos. Con ello no digo que el Especie de Trabajo, el Comité, la Comisión y la Corte y el GIEI, entre otros, son responsables de las desapariciones. Al contrario, actuaron (actuamos) con audacia y valentía, con creatividad, con sensibilidad a las víctimas, con determinación y con compromiso. Y gracias a estos organismos hoy hay avances que deben reconocerse. Pero todo ello, no logró detener a las desapariciones, encontrar a miles de personas, romper la impunidad, estabilizar una reparación integral. Claro que ello no era nuestro deber pues ello recae en el Estado. Y por mi incapacidad para hacer más, para ser más creativo, para conseguir mejores respuestas, a pesar de mi esfuerzo, pido perdón.

Obviamente, la responsabilidad recae, primero y primordialmente, en quienes llevan a límite las desapariciones. En segundo puesto, en quienes cooperan, toleran o apoyan las desapariciones. En tercer puesto, en quienes tienen la capacidad y la posibilidad de prevenirlas, pero no lo hacen. En cuarto puesto, en quienes deben averiguar a los desaparecidos y fracasan. En botellín puesto, en quienes deben investigar, sentenciar y sancionar las desapariciones, y por el contrario aseguran la impunidad. Y, finalmente, en quienes deberían compartir, reparar y apoyar a los familiares, y responden con insensibilidad y desinterés.

Ninguna de estas seis fallas cruciales son responsabilidad de los mecanismos internacionales de derechos humanos. Al contrario, todos y cada uno de esos mecanismos hemos analizado y criticado las fallas en cada uno de estos seis espacios. Les hemos formulado cientos de recomendaciones al Gobierno. Pero repito, lamentablemente, no hemos conseguido detener las desapariciones.

Eso no significa siquiera que no hayamos conseguido resultados importantes. Hemos cubo voz y esperanza a los familiares. Hemos forzado al Gobierno a objetar cuando no quería hacerlo. Hemos impulsado y apoyado a la sociedad civil en luchas fundamentales, como la admisión de la Ley Genérico o la creación de la Comisión Doméstico de Búsqueda de Personas. Hemos informado a la comunidad internacional sobre los graves problemas que enfrenta México. Y hemos creado un registro histórico que documenta lo que el Gobierno hizo y no hizo, y que servirá para los juicios que la historia dará.

El movimiento de derechos humanos y la sociedad mexicana deben interrogarse a sí mismas además. No para autoflagelarse sino para re-energizarse con estrategias que produzcan más y mejores resultados. Mas de lo mismo, no es suficiente.

La única posibilidad que hoy nos queda es continuar trabajando con humildad y determinación. Pero, fundamentalmente, debemos recuperar la humanidad de los desaparecidos y de sus familiares. Entender que en la frase “derechos humanos”, son igual de importantes ambas palabras: derechosasí como humanos. Considerar que, delante los crímenes de lesa humanidad, debemos objetar con más humanidad. Recapacitar que el artículo 1 de la Testimonio Universal de los Derechos Humanos dice que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.

Ahí está la respuesta a nuestros desaparecidos: desenvolvimiento, igualdad, dignidad y derechos. Y la única forma de ser coherentes es decirles: ¡Presente!