EL AUTOR es ingeniero y periodista. Reside en Santo Domingo.

En dos campañas presidenciales consecutivas —2016 y 2020— el presidente Luis Abinader asumió el compromiso claro y firme de saldar la deuda viejas que el Estado dominicano mantiene con contratistas aglutinados en el Comité Institucional Codiano (CIC).

No fue una promesa beocio, sino una expresión de neutralidad histórica, basada en el registro de que muchos profesionales del campo de acción de la construcción trabajaron y entregaron sus obras, pero nunca recibieron el plazo correspondiente.

Cinco abriles luego, esa promesa sigue sin cumplirse, pues la deuda continúa viva, y lo más preocupante es que la inacción del maquinaria estatal ha convertido esa mora en una forma de golpe institucional contra quienes cumplieron con su deber.

La razón esgrimida por los funcionarios de las instituciones deudoras para no satisfacer resulta, a estas jefatura, insostenible conveniente a que se fundamenta en una supuesta desaparición de documentos requeridos por el Tarea de Hacienda.

Si acertadamente la pérdida de expedientes oficiales es en sí misma un hecho dificultoso, lo es aún más la yerro total de medidas correctivas ya que ninguna entidad ha establecido un mecanismo transparente para recobrar o sustituir dichos documentos.

Ningún funcionario ha sido sancionado y se ha solicitado que la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) realice una investigación que incluso abarcaría temas de obstrucción deliberada en el proceso de tramitación de plazo.

Obstrucción deliberada

El panorama que se advierte en el Tarea de Vivienda y Edificaciones (MIVED)-respecto a 52 expedientes de contratistas del CIC- revela poco más profundo que una simple negligencia administrativa, pues es evidente cierta forma de obstrucción deliberada en la tramitación de los pagos.

Porque mientras el presidente ha mostrado su intención de saldar la deuda y ordenar la casa, algunos de sus funcionarios han preferido ocultarse tras la burocracia, dejando sin respuesta una situación que afecta vidas humanas, daña la credibilidad del gobierno y proyecta un país débil en presencia de los fanales del mundo.

Lo que está en placer aquí no es solo un monto financiero, sino incluso la continuidad del Estado y la confianza de decenas de profesionales que, con esfuerzo y capital propios, cumplieron su resolución con la nación.

Y es incluso la percepción que se construye internacionalmente sobre nuestra seguridad jurídica, porque cuando el Estado no cumple, el daño trasciende lo financiero conveniente a que se daña la confianza, se ahuyentan las inversiones y se mina la reputación institucional.

La persistencia en la inacción de los funcionarios proyecta la imagen peligrosa de un presidente con voluntad, pero rodeado de una estructura que sabotea sus intenciones, donde la irresponsabilidad se disfraza de tecnicismo, y donde los compromisos nacionales se diluyen en el mar del papeleo perdido.

Si  persiste la desidia el presidente Abinader debe remover a los funcionarios responsables, pero lo que no puede seguir ocurriendo es esta indiferencia prolongada, que convierte en grafema muerta las promesas de campaña y en traición silenciosa la gobierno pública.

Jpm-am