Por Sergio Donosura Baquero

En junio de 2022, Gustavo Petro ganó la presidencia con un discurso de cambio, prometiendo combatir la corrupción y aventajar los clanes políticos, logrando incluso unir al centro político con un mensaje tranquilizador. Sin bloqueo, casi tres primaveras luego, su gobierno ha derivado en prácticas asociadas al clientelismo, la polarización y la corrupción, apoyándose en alianzas con clanes tradicionales con lo cual ha logrando avances como la reforma profesional y el proclamación de aliados en la Corte Constitucional.

Pero a estos discursos cada vez más altisonantes, se une ahora el intento de saltarse la institucionalidad. Primero, con el intento de convocatoria a una Consulta Popular (que buscaba preguntar a los colombianos por algunos de los contenidos de la reforma profesional) pasando por encima del Senado; y segundo, con la amenaza de una Asamblea Franquista Constituyente (con objetivos confusos para los que el presidente solo ha dicho que buscaría profundizar el Estado de derecho) sin contar con el Congreso.

En este entorno, se podría asegurar que Gustavo Petro ha gobernado a través de prácticas autoritarias. Por ello, junto a preguntarse si la democracia colombiana está preparada para un presidente que, convencido de ser la voz del pueblo, está cruzando los límites de la institucionalidad.

Indicadores de comportamiento absoluto

En su compendio Cómo mueren las democracias (2018) Steven Levitsky y Daniel Ziblatt señalan cuatro indicadores de comportamiento absoluto: el rechazo de las reglas democráticas del selección; la repulsa de la licitud de los adversarios políticos; la tolerancia o fomento de la violencia; y la predisposición a restringir las libertades civiles de la examen y de los medios de comunicación.

La firma del Decreto 0639 -o Decretazo- marca un hito en el comportamiento absoluto de Gustavo Petro en la medida que apela a una excepción de inconstitucionalidad para acontecer por encima de una intrepidez del Senado de la República con la que no estaba de acuerdo. En este caso, el Presidente utilizó un procedimiento argumentativo felón para violar la Constitución y al mismo tiempo acontecer por encima de la Ley 134 de 1994 al convocar una Consulta Popular.

El presidente ha consolidado su renta político mediante constantes ataques a quienes se oponen a sus ideas, descalificando a empresarios, medios, periodistas y opositores con lengua ofensivo. Esta retórica ha sido amplificada tanto en sus redes sociales y discursos como en el uso indebido de medios públicos, dirigidos por figuras afines como Hollman Morris, y reforzada por influenciadores contratados en entidades estatales para defender al gobierno y atacar a la examen.

Con respecto a la restricción de las libertades civiles, desde su gobierno se hostiga a medios y opositores a través de la persecución legal, que ahora asimismo comienza a estar de moda como amenaza para presionar a funcionarios públicos como el Registrador Franquista Hernán Penagos, que en el caso del “Decretazo” se abstuvo de convocar elecciones de forma inmediata para la Consulta Popular.

La “voz del pueblo” pierde las calles y las encuestas

El 14 de febrero de 2023, a seis meses de su posesión, el presidente Gustavo Petro afirmó desde el “Corredor del Pueblo” que la disyuntiva de 2022 significó el regreso del poder al pueblo. Esta visión, que ha reiterado en varias ocasiones, refleja su creencia de que él no es solo un presidente más, sino la encarnado del pueblo, lo cual resulta problemático al ignorar el rol institucional de la presidencia, el Congreso y la examen.

La favorabilidad que lo acompañó al principio del gobierno ha quedado detrás y su gobierno es cada vez más impopular. De acuerdo con la última averiguación de Invamer -para las seis principales ciudades del país-, el 64% de los colombianos desaprueba la administración del presidente. Un resultado muy alejado del 20% de desaprobación de agosto de 2022 cuando llego al poder con un salita mucho más plural y un discurso más moderado.

Pero no se prostitución sólo de las encuestas, las calles asimismo han evidenciado una pérdida de credibilidad. Marchas como la del 18 de marzo para apoyar las reformas sociales del gobierno solo fueron posibles gracias al consumición ejercido por el gobierno para convocar a los asistentes, mientras que los últimos mítines públicos se han hecho en plazas pequeñas como la Finca de Bolívar en Bogotá y la Alpujarra en Medellín, evitando desaires como el del 16 de junio de 2025 para respaldar la reforma profesional en la Plaza de Bolívar.

Respuesta de las instituciones a los abusos del poder presidencial

El 5 de febrero de 2025 el presidente Petro decidió transmitir por primera vez en televisión abierta un Consejo de ministros que, hasta la data, había sido un espacio confidencial reservado para el salita. Para poder hacer la transmisión a través del sistema de medios públicos y a través de los canales privados argumentó que se trataba de una arenga presidencial. Sin bloqueo, el Consejo de Estado falló el 15 de abril una energía de tutela en contra de la Presidencia ordenando no transmitirlos por considerar que violaban el derecho a la información, el pluralismo informativo y la desenvolvimiento de disyuntiva informativa.

En tangente con este hecho, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el llamado “Decretazo” de convocatoria a la Consulta Popular, antiguamente de que Ppetro lo retirara. Aunque este hecho puede interpretarse como un extralimitación de poder por parte del Presidente por intentar acontecer por encima de la institucionalidad y averiguar suplantar el rol de los jueces; asimismo podría interpretarse como una forma proporcionado peculiar de respetar la institucionalidad, teniendo en cuenta que el presidente acató la intrepidez del Consejo de Estado pese a que la cuestionó.

Pero el llamado a una Asamblea Franquista Constituyente por fuera de lo establecido en la Constitución de 1991 y en la ley 134 de 1994 si puede ser el punto de quiebre de la deriva autoritaria de un presidente que enterró su favorabilidad por apostarle a un plan populista. Suceder por encima de la Constitución no sólo abre las puertas a destruir los avances logrados en Colombia desde 1991, sino que puede ser utilizado para acomodar las instituciones a su medida y perpetuarse en el poder. Aunque ha afirmado reiteradamente que no está interesado en reelegirse, varios de sus colaboradores cercanos siguen moviendo esta idea en mítines y redes sociales. No sería la primera vez que el presidente mentiría para conseguir su cometido.

Sergio Donosura es Profesor Investigador del software de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda, editor de la revista Autocratization y Director Ejecutor de la Fundación 4Métrica. Candidato a Doctor en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Franquista de Colombia.