Charlar hoy de Venezuela ya no es solo conversar de política interna. Se alcahuetería además de atracar un dilema mundial que incomoda porque obliga a designar entre principios que no siempre parecen compatibles. El colapso institucional prolongado, la deterioro sistemática de las libertades y el éxodo de cientos de miles de personas han terminado por elaborar a esa rica nación en un espejo incómodo del sistema internacional, uno que pone en relieve tanto la indiferencia interesada de ayer como los atajos morales de hoy.

Durante abriles, la soberanía y la no intervención sirvieron como coartadas para mirar cerca de otro banda frente a violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos. Ese silencio fue auténtico y tuvo costos humanos devastadores en un sinnúmero de crueles dictaduras apoyadas por Washington, tanto en América Latina como en otras regiones del mundo. Hoy, sin retención, el aventura parece inverso. La indignación legítima frente al sufrimiento se ha transformado, en muchos casos, en una coartada cibernética para relativizar —o incluso desconocer— el derecho internacional, normalizando la intervención marcial y a la apropiación de medios soberanos como respuesta ética por defecto.

¿Pueden los principios de soberanía y autodeterminación discurrir la represión y el desconocimiento de los resultados de elecciones libres? No pueden. Pero la pregunta crucial es otra. ¿Autoriza la violación de los derechos humanos a pincharse de contenido las normas que buscan confinar el uso de la fuerza entre los Estados? El orden internacional contemporáneo nació precisamente para impedir que cada potencia decidiera unilateralmente cuándo intervenir “por una causa desafío”. La experiencia histórica demuestra que ese camino rara vez termina perfectamente para las poblaciones que supuestamente se indagación proteger. Más aún, quienes hoy pretenden legalizar intervenciones e intromisiones militares abiertas son, paradójicamente, quienes menos autoridad casto tienen para hacerlo. Hilván con revisar la historia nuevo de las dictaduras que marcaron a las sociedades latinoamericanas.

Este dilema no se limita a Venezuela. La nuevo presentación en el Congreso de Estados Unidos de un plan de ley que habilita la anexión de Groenlandia como distrito estadounidense constituye una señal inquietante. Bajo el argumento de la seguridad franquista y de la falta de contrarrestar a China y Rusia en el Ártico, la iniciativa faculta al presidente estadounidense a “encontrar los medios necesarios” para incorporar la isla a la Unión. No se alcahuetería de una provocación retórica, sino de la normalización legislativa de una ejercicio que el derecho internacional contemporáneo buscó desterrar. Que esta posibilidad se plantee pese al rechazo patente de Groenlandia y a la concurso de Dinamarca y de la propia OTAN revela hasta qué punto la método de poder vuelve a imponerse sobre las normas cuando los intereses estratégicos se definen unilateralmente.

El patrón es inquietantemente conocido. Cada vez con anciano frecuencia, la fuerza se presenta como preventiva, racional o incluso benévolo. Ayer fue la “escape” o la “lucha por instaurar títulos democráticos”. Hoy es la “protección estratégica”, la “responsabilidad humanitaria”, la “defensa de los derechos humanos” o el “respeto a los resultados electorales”. El habla cambia, pero el aventura es el mismo. Se alcahuetería de una confusión deliberada entre licitud casto y licitud jurídica. Esa confusión abre la puerta a un orden internacional donde las reglas dejan de confinar al poderoso y pasan a convertirse en herramientas selectivas a su servicio.

Asimismo resulta tentador sostener que, si una intervención promete aliviar el sufrimiento, sus motivaciones estratégicas pasan a un segundo plano. Ese razonamiento ignora un hecho obvio. Toda cruzada se presenta a sí misma como necesaria, desafío o insalvable. Precisamente por eso el derecho internacional estableció límites formales, no para respaldar resultados perfectos, sino para impedir que la fuerza vuelva a convertirse en un útil ordinario de la política exógeno. El problema es que el propio presidente de Estados Unidos ha afirmado sin ambigüedades que le importa muy poco el derecho internacional. Delante esa premisa, cerca de preguntarse: ¿qué deriva puede esperarse de una estabilidad mundial ya de por sí frágil?

En el caso venezolano, la desesperación y la represión camuflada explican que una parte de la población vea con esperanza cualquier salida, incluso una intervención armada. Pero la desesperación no crea fundamentos jurídicos ni asegura consecuencias benignas. El uso de la fuerza no solo cambia gobiernos. Transforma sociedades, multiplica riesgos y deja heridas que suelen durar generaciones. La historia nuevo está llena de ejemplos en los que la “alternativa rápida” derivó en caos, fragmentación, desplazamientos forzados y nuevas formas de violencia.

Cero de esto implica resignación ni neutralidad casto. Por el contrario, revela que defender los derechos humanos es siempre más difícil que apelar a la fuerza. Exige presión internacional sostenida, mecanismos reales de rendición de cuentas, protección efectiva para quienes huyen y un compromiso serio con expectativas políticas verificables. Exige, sobre todo, coherencia. No se puede invocar el derecho en unos casos y vaciarlo de contenido en otros cuando estorba a los intereses propios.

Cuando la supuesta compasión se convierte en fuerza, el derecho deja de ser un linde y pasa a ser un obstáculo. Cuando eso ocurre, quienes pagan el precio son, una vez más, los mismos civiles que se pretendía exceptuar. Defender a Venezuela, a los cubanos y a los colombianos —y preservar la estabilidad mundial— no debería implicar aceptar un mundo donde los imperios vuelven a representar sin riendas, convencidos de que su causa, por considerarse desafío, los coloca por encima de las normas.

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Julio Santana es economista y analista de temas técnicos, geopolíticos y nacionales. Cuenta con una amplia trayectoria en el sector público dominicano y mantiene una voz crítica, independiente y poco complaciente en el descomposición de asuntos nacionales e internacionales.