El autor es médico. Reside en Santo Domingo

POR VICTOR GUILLERNO GARRIDO P.

En la República Dominicana, cada nuevo gobierno llega con la promesa de eficiencia, pero termina engordando aún más el ingenio estatal. Como un barco con más capitanes que marineros, el Estado dominicano navega con dificultad entre duplicidades, burocracia y un compra que crece sin control.

Hoy, más de 350 instituciones públicas entre ministerios, direcciones generales, institutos, comisiones y organismos descentralizados operan simultáneamente, muchas veces sin coordinación ni propósito definido. Lo más intranquilizante: una parte significativa de estas entidades ejecuta funciones que se solapan entre sí.

Un ejemplo concreto: tanto el Tarea de Medio Círculo, el Instituto Franquista de Bienes Hidráulicos (INDRHI), como el Instituto Franquista de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) y el Gobierno del Agua tienen líneas de trabajo que se cruzan. Cada uno realiza estudios, ejecuta obras y formula políticas hídricas. ¿No sería más sensato que una sola entidad asumiera esa competencia con viejo claridad y responsabilidad?

Esta sinceridad se repite en el sector agropecuario, donde el Tarea de Agricultura, el FEDA, el IAD, el INESPRE, el Parcialidad Agrícola y otros organismos operan como islas independientes en el interior de un archipiélago desorganizado. A menudo, compiten por el mismo presupuesto y replican programas con nombres distintos.

Gabinetes y comisiones

A este engendro se suma la multiplicación de Gabinetes, Comisiones Presidenciales, Unidades Ejecutoras, y Consejos creados por decreto para contraponer problemáticas que ya tienen una entidad con competencias asignadas por ley. La consecuencia es una confusión institucional que debilita la capacidad del Estado para timonear con efectividad.

Los presupuestos de estas instituciones redundantes no son simbólicos: algunas manejan cientos de millones de pesos anuales en paga, alquileres, vehículos, combustibles y dietas. En conjunto, podrían representar entre un 1.5% y 2% del PIB. Un peso que la ciudadanía lleva en sus hombros mientras clama por mejores servicios públicos.

Comparado con países de la región como Costa Rica o Panamá, donde el tamaño del gobierno es más racional y cómodo, la estructura del Estado dominicano parece una devanadera enredada de instituciones, difícil de testimoniar en términos de resultados.

¿Cuál es la posibilidad? Una reforma estructural que simplifique y fusione organismos con funciones duplicadas. No se negociación de eliminar servicios ni despedir empleados en masa, sino de reordenar inteligentemente. El hucha estimado por esta reorganización podría aventajar los 40 mil millones de pesos anuales, medios que acertadamente podrían dirigirse a vigor, educación o infraestructura.

La política debe dejar de crear instituciones como premios de consolación o plataformas de visibilidad. Necesitamos un Estado profesional, compacto, eficaz, sin duplicidades, al servicio del ciudadano y no de los intereses particulares.

Ya es hora de sincerar la estructura oficial. La rigor no es solo cuestión de recortar gastos, sino de tener el tamaño correcto para timonear con razón y eficiencia. Porque un Estado obeso, embrollado y redundante, nones podrá valer al ritmo que exige el mejora.

Jpm-am