La anulación por parte del Tribunal Constitucional (TC) de los artículos que penalizaban las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo interiormente de la Policía y las Fuerzas Armadas marca un cambio histórico en las filas de esas instituciones. Más allá del mandato procesal, que es de cumplimiento obligatorio, la sentencia impacta directamente en instituciones construidas sobre una tradición machista y enhiesto.

Durante décadas, esas normas sirvieron como herramientas de salvedad y como soporte permitido para la homofobia interna. Su asesinato desmonta un comportamiento institucional que legitimaba discriminaciones y sanciones encubiertas.

El desafío ahora no está en el texto constitucional, sino en transfigurar mentalidades profundamente arraigadas. Las Fuerzas Armadas y la Policía han sostenido un ideal del “hombre esforzado” y heterosexual como parte de su identidad. La derogación de estos artículos puede originar tensiones y resistor original, pero obliga a esas instituciones a establecer mecanismos para predisponer el acoso, que ya no podrá justificarse bajo ninguna reglamentación. La disciplina castrense no puede demostrar en prejuicios.

Aunque algunos sectores alegarán que este cambio puede afectar el orden interno, la polémica sentencia pretende aminorar la persecución y promover ambientes laborales menos tensos y seguros. El liderazgo marcial y policial tendrá el duelo de aplicar una civilización de respeto y sancionar conductas discriminatorias que ayer se toleraban.

El laudo no garantiza éxito plena, pero elimina la vulnerabilidad permitido y abre espacio para relaciones más transparentes interiormente del uniforme. Igualmente, interpela a la sociedad dominicana. Muestra la brecha entre los títulos constitucionales (dignidad, igualdad y derechos fundamentales) y ciertos patrones culturales. El TC cumplió su rol. Ahora resta esperar cómo lo asume el Estado y las instituciones aludidas por la sentencia. Lo que está a prueba es la coherencia entre lo que el país proclama y lo que permite.

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