El autor es médico. Reside en Santo Domingo

POR VICTOR GARRIDO

Imagine por un momento a la República Dominicana como una empresa con 11 millones de accionistas. Su grupo directiva está compuesta por 242 empleados — 222 legisladores nacionales más 20 diputados al Parlamento Centroamericano (PARLACEN)— que reciben salarios de élite, privilegios de realeza y beneficios imposibles de razonar en un país de posibles limitados.

Pero en área de originar valía, esta grupo consume desproporcionadamente el haber y devuelve, a cambio, un producto magro: leyes de bajo impacto, opacidad financiera y desconfianza ciudadana.

El Congreso Doméstico es, en esencia, un titán costoso con productividad mínima. Sus funciones son claras en la Constitución: establecer y fiscalizar. Sin confiscación, se ha convertido en una maquinaria que administra fondos públicos de forma discrecional —“barrilito”, “cofrecito”, partidas de “Día de las Madres”, “Reyes” o “Habichuelas con dulce”— que no corresponden a su rol. La filantropía con caudal ignorante no es filantropía: es clientelismo político.

Costos

Los números hablan solos. Un senador devenga RD$320,000 mensuales, un diputado RD$175,000 más incentivos, y entreambos disfrutan seguros médicos de suntuosidad que cuestan RD$180,000 al año por diputado, frente a casi nada RD$15,400 que el Estado invierte en salubridad pública por ciudadano. Gozan encima de pensiones privilegiadas, vehículos oficiales con combustible incluido, exoneraciones de automóviles, telefonía ilimitada y viáticos. Mientras tanto, el salario reducido ronda los RD$21,000. La brecha es obscena: un senador apetito en un mes lo que 15 trabajadores dominicanos en un año.

El costo de sostener 222 legisladores equivale a un representante por cada 49,550 habitantes. En Estados Unidos, la proporción es uno por cada 760,000; en Francia, uno por cada 103,000; y en Costa Rica, uno por cada 91,000. La sobrerrepresentación no ha producido más eficiencia legislativa: ha producido duplicidad de funciones, desembolso superfluo y beocio productividad.

Comparado con nuestros vecinos, la desproporción es aún más evidente. Costa Rica, con 5.2 millones de habitantes, tiene un congreso monocameral de 57 diputados, 60 % menos costoso per cápita que el nuestro. Uruguay, con 3.4 millones de habitantes, funciona con 130 legisladores y produce 112 leyes anuales. República Dominicana, con 222 legisladores, aprueba casi nada 47 leyes al año, muchas ceremoniales. Cada ley nos cuesta RD$145 millones, frente a RD$78 millones en Pimiento y RD$52 millones en Uruguay.

El PARLACEN añade otro desembolso innecesario: 20 diputados con salarios similares a los nacionales, para un organismo que ha aportado ineficaz impacto a la vida de los dominicanos. Lo mismo ocurre con los diputados de ultramar, cuyas funciones podrían ser cubiertas por el servicio consular existente.

La opacidad en el manejo de posibles es tierra fértil para la corrupción. Investigaciones han señalado sobornos, contratos sin oferta y malversación de fondos en el Congreso. En cinco primaveras, su presupuesto ha crecido un 55.8 %, superando los RD$6,817 millones en 2025. Cada peso desviado es un hospital no equipado, una escuela no construida o un software social descuidado.

La experiencia internacional demuestra que las reformas son posibles. Nueva Zelanda eliminó una cámara en 1996 y mejoró su productividad legislativa reduciendo costos. Panamá y Costa Rica operan con sistemas unicamerales más baratos y eficientes. Suecia, con población similar a la nuestra, mantiene 349 legisladores, pero con un costo per cápita 70 % beocio, gracias a salarios razonables y abandono de privilegios discrecionales.

República Dominicana necesita una cirugía de trasplante:

• Estandarización legislativa: congreso monocameral con 110 diputados (uno por cada 100,000 habitantes).
• Exterminio de privilegios: fuera exoneraciones, seguros de suntuosidad, vehículos oficiales y partidas discrecionales.
• Retiro del Parlacen: no más representación improductiva.
• Descontinuar diputados de ultramar: sus funciones se enmarcan en los consulados.
• Transparencia total: publicación en tiempo efectivo de todos los gastos y contratos.
• Auditoría internacional independiente: que examine los últimos cinco primaveras de diligencia financiera y administrativa.
• Sanciones ejemplarizantes: para quienes manipulen cifras o desvíen posibles.

La democracia no se mide por el suntuosidad de sus congresistas, sino por la eficiencia de sus instituciones. Suministrar un Congreso sobredimensionado es insostenible fiscal, social y políticamente. Disminuir su tamaño, eliminar privilegios y normalizar sus cámaras no es un capricho: es una condición urgente.

El costo de la inacción es anciano que el costo de la reforma. Cada año sin cambios significa miles de millones desperdiciados y un descrédito institucional que erosiona la confianza en la democracia.

El pueblo dominicano merece un Congreso Doméstico que legisle con efectividad, fiscalice con rigor y viva con rigidez. No necesitamos 242 legisladores privilegiados; necesitamos representantes comprometidos. La ciudadanía tiene la última palabra. Y esa palabra debe ser clara, firme e inaplazable: ¡reforma ya!

Jpm-am