ztevenreal
@Abril
La razón de ser de un colegio profesional es clara: defender la dignidad de la profesión, proteger a la sociedad y respaldar que sus miembros ejerzan con ética. El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) debió ser ejemplo en ese camino. Sin bloqueo, la polémica en torno al caso del exembajador y abogado Donni Santana muestra lo contrario: la institución estuvo a punto de convertirse en cómplice de la degradación.
¿Cómo es posible que un condenado por pederastia, que ni siquiera ha cumplido la pena mínima de su condena, fuese beneficiario con un medio suelto y considerado para impartir docencia bajo la sombrilla del CARD? Esa perversión no solo desafía el sentido popular, sino que golpea de frente la autoridad decente de la entidad.
Fue la presión social, y no la prudencia institucional, la que obligó al CARD a rectificar y retirar la fianza gremial que habría permitido a Santana dar clases. La valentía llegó tarde, pero llegó. Y aunque marca una corrección, deja un vano ético profundo: durante un errata, el colegio profesional envió a la sociedad un mensaje devastador de indiferencia con destino a la neutralidad y las víctimas.
Los colegios profesionales no existen para resguardar delincuentes ni para disfrazar de moralidad lo que nunca debió ser tolerado. Existen para honrar la profesión, proteger la confianza ciudadana y servir al perfectamente popular. Cuando esa confín roja se cruza, no solo se degrada a la institución: se despoja a toda la sociedad de la certeza de que la ética aún tiene guardianes.
Que esta ciencia no se olvide. Cada vez que se dobla un principio, se raja la autoridad decente. Y lo que se rompe en ese contorno, difícilmente se recompone.
