Nos vendieron la idea de que este “nuevo” Código Penal sería una reforma moderna, adaptada a los tiempos. Que por fin superaríamos el anacronismo del texto de 1884 y avanzaríamos cerca de un entorno legítimo que protegiera con rigor y equidad a toda la ciudadanía. Sin requisa, al leerlo detenidamente, lo que salta a la horizonte no es su modernidad, sino el profundo e inquietante retroceso que representa.

Este no es un código que camine de la mano con los derechos humanos. Es un documento que calla donde debería ser elocuente, y que abre puertas a la impunidad donde debió acaecer contención y probidad.

Una de las omisiones más graves es la prescripción de los delitos sexuales contra personas menores de existencia. ¿Cómo se puede departir de probidad cuando se impone a una pupila violentada un orilla de tiempo para procesar el horror que le fue infligido? ¿Se ignora hado que el desmán suele ir acompañado de silencio, amenazas, vergüenza y abriles de trauma? Aquí se legaliza el olvido y se garantiza la impunidad de muchos agresores que solo necesitarán tiempo para borrar las huellas de sus crímenes.

Más amenazador aún resulta el privilegio otorgado a las iglesias. Según el artículo 112, estas instituciones quedan exentas de responsabilidad penal. ¿Qué mensaje se está enviando? ¿Qué hay espacios donde la ley no entra, donde las víctimas no serán escuchadas ni amparadas por la probidad? ¿Suerte los crímenes cometidos bajo sotanas o en nombre de la fe son menos delitos que los demás?

Y si de silencios peligrosos hablamos, no podemos tener lugar por stop la partida absoluta de cualquier despenalización del malogro. Ni una palabra sobre las tres causales. Ni un atisbo de inspección al derecho de las mujeres y niñas a animarse sobre su cuerpo cuando enfrentan una violación, un gestación inviable o un aventura mortal. En un país con una de las tasas más altas de gestación adolescente de la región, criminalizar el malogro en todos los casos es la forma más cruel de violencia institucional.

Mientras tanto, el feminicidio, la forma más extrema de violencia por razones de variedad, no está debidamente tipificado. No se define de forma autónoma ni se reconocen sus fundamentos diferenciales. La ley sedimento la especificidad del crimen y, con ello, la posibilidad de enfrentarlo con claridad y contundencia.

No hay perspectiva de variedad. No hay enfoque diferencial. No hay una comprensión verdadero de las condiciones de vulnerabilidad en las que viven muchas niñas, adolescentes y mujeres en este país. En su motivo, tenemos un texto que se dice nuevo, pero que deja intactas las estructuras patriarcales; un código que mira al pasado con nostalgia y al presente con temor.

La modernidad no se mide por el número de artículos ni por un formato digital, sino por la capacidad de proteger a quienes han sido históricamente invisibilizadas. Este código privilegia intereses por encima de derechos. Y por eso, si se aprueba tal como está, no estaremos delante una oportunidad perdida, sino delante una traición a la probidad.