Una controversia política se desató en Puerto Rico por la audacia de la gobernadora, Jennifer Gonzálezde suministrar a autoridades federales de Estados Unidos datos en inmigrantes indocumentados, la mayoría dominicanos, para fines de deportación, lo que justificó al señalar que las leyes migratorias son de obligatorio cumplimiento.

González dijo que el gobierno de la isla no puede designar cuáles leyes cumplir, al comparar la cometido del estatuto migratorio con otras normativas federales como las de seguro social y Medicaidpero el ex regidor, Alejandro García Padilladijo que la propia ley de remisión protege la confidencialidad de esa información.

La ley 97-2013, permite a residentes en la isla obtener una deshonestidad provisional de conducir, aun en situación migratoria irregulardocumento no federal obtenido por unos seis mil indocumentados, mayoritariamente dominicanos, cuya data fue entregada por el Unidad de Transportación de Puerto Rico (DTOP) a la Oficina Federal de Migración de Estados Unidos (HIELO).

Con esa directorio a mano, los agentes federales de migración intensifican redadas y allanamientos en calles, autopistas, viviendas, comercios, construcciones en diversas comunidades de la isla donde detienen a extranjeros  con fines de deportación, lo que ha motivado que miles de  aterrorizados dominicanos se recluyan en sus hogares.

En enero, la gobernadora González prometió que no se producirían cacerías migratorias contra dominicanos, a cuya diáspora elogió por su contribución al exposición de Puerto Rico y afirmó que  esos operativos  se concentrarían en la zona sur de Estados Unidos, y solo con inmigrantes con expedientes delictivos.

Organizaciones sociales denunciaron que  residentes dominicanos y de otras nacionalidades fueron detenidos por oficlaes federales y remitidos a cárceles de la Floridapese a poseer e intentar presentar sus documentos de residencia permitido, quienes siquiera tienen acercamiento a la concurrencia permitido.

No se tiene conocimiento de casos específicos en los cuales el consulado dominicano en Puerto Rico se haya pronunciado en torno  a la controversia por la entrega a autoridades federales de migración de información confidencial  contenida en la deshonestidad de conducir, usada ahora para perseguir, apresar y repatriar a dominicanos.

Sin cuestionar la autoridad de Estados Unidos, que tutela la soberanía de Puerto Rico, a expulsar a indocumentados, la muestra  de respeto, y solidaridad del pueblo de Puerto Rico alrededor de la asediada comunidad dominicana es una reiteración de los lazos de hermandad entre Quisqueya y Borinquenheredados de Duarte, Luperón, Hostos  y Betances.