Ayer de iniciar mis labores como presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel)tenía 20 abriles sin acomodarse una posición en el tren oficial. En ese tiempo, tanto el ámbito legítimo como la civilización de observación ciudadana respecto del desempeño de los servidores públicos experimentaron un proceso de transformación provocativo. Lamentablemente, los criterios de oportunidad y de movilidad económica siguen prevaleciendo en la mentalidad de más de uno, que desprecian los riesgos procesales y la inapelable ratificación cívica. Con razón, el círculo de inhabilitación ética se repite de modo olímpica. Y la distinción partidaria, por desgracia, no garantiza ningún tipo de control porque la desolador inclinación por la acumulación no se detiene en el orden ideológico ni de militancias.

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Lo que sí pende sobre el maniquí de diligencia es la carestia de borrar los niveles de penetración de la corrupción y el narcotráfico. Así de sencillo: el poder de uno y otro componentes está calcinando la fe ciudadana en las instituciones democráticas. Resulta trágico que prime el interés de descalificación estrictamente política, usando el procedimiento para destruir al oponente en la arena electoral e ignorando la carestia de atacar el malsano engendro desde una óptica estructural. Al final, las acusaciones sólo intercambian los destinatarios, mientras queda relegada la oportunidad de construir un consenso más o menos de las mejores medidas para sujetar los altísimos niveles de influencia de la droga y el peculio de las prácticas corruptas.

Memoria con satisfacción mi valor de aceptar esta posición. El Indotel, desde su fundación, se ha caracterizado por ser una institución técnica, condición que hizo posible que, en lo personal, pudiera demostrar metas anheladas respecto de la carestia de sujetar la brecha digital. Destacamentos conectados, TV terreno digital, capital para estrechar cárceles, preservación del espectro radial fronterizo, distribución de Porque el talloadquisición de un edificio propio y la educación digital de miles de madres cabezas de hogar han sido logros institucionales de peso que engalanan su historia.

Ahora perfectamente, mención párrafo merece en la diligencia pública, el tener que altercar con “la familia”, argumento que constituye un acto de siquiatría. El aliciente del compañero a un puesto como resultado de su costura en la campaña, la intriga que despierta en algunos la vida privada de otro colaborador, la facilidad con que un superior jerárquico olvida las limitaciones de su cargo, que si un abogado hizo no sé qué o un contable no sé cuánto, y la omnipresencia de los autodenominados periodistas, siempre insaciables. Aunque parezca sencillo, los aspectos no relacionados con la naturaleza del decreto de designación son muchos y terminan convirtiendo la diligencia en una prueba constante de resistor y compromiso.

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