Ciudad de México.– Guadalupe Urban, representante ciudadana del municipio de San Juan Cacahuatepec, en el estado de Oaxaca, fue asesinada la mañana de este jueves cuando salía de su vivienda.

Según medios locales, la componente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), coligado del gobernador Movimiento de Regeneración Doméstico (Morena), fue atacada a tiros por dos hombres que viajaban en motocicleta, ajustado cuando se disponía a confiarse su domicilio.

El cuerpo quedó tendido sobre el camino que conduce a la comunidad de San Antonio Ocotlán, en Cacahuatepec.

La Fiscalía estatal informó que personal especializado acudió al circunscripción para realizar las diligencias periciales y las primeras indagatorias con el fin de esclarecer el crimen.

Urban se desempeñaba como representante municipal de Parques y Jardines y formaba parte de la sucursal específico para el periodo 2025-2027.

El Cabildo expresó su consternación por el crimen y exigió razón. “Hoy más que nunca, hacemos un llamado a la dispositivo, al respeto y a la razón. Este cobarde acto no debe resultar impune”, publicó en redes sociales. Por su parte, el PVEM lamentó “el fallecimiento de nuestra amiga y compañera”.

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Este hecho se suma al crimen de Israel Ramírez Peralta, agente municipal de Santa Catarina Juquila, perpetrado tres días ayer en San Marcos Zacatepec, todavía en Oaxaca.Asimismo, ocurre tras el homicidio de Carlos Manzo, corregidor de Uruapan, Michoacán, ocurrido el pasado 1 de noviembre luego de un evento manifiesto por el Día de Muertos, hecho que ha generado protestas y enfrentamientos entre manifestantes y policías en esa entidad.

De acuerdo con registros estatales, desde el 1 de octubre —plazo en que Claudia Sheinbaum asumió la presidencia de México— y hasta el 3 de noviembre, al menos diez alcaldes o presidentes municipales han sido asesinados en el país.

El crimen de Guadalupe Urban vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad de los funcionarios locales, especialmente en estados con una ingreso incidencia de violencia.

Organizaciones civiles y líderes comunitarios han condenado los hechos y han insistido en la aprieto de reanimar los mecanismos de protección para los representantes municipales, quienes a menudo son vulnerables a amenazas relacionadas con disputas políticas o crimen organizado.

La comunidad de San Juan Cacahuatepec ha expresado su indignación y llamó a exigir que el caso no quede en la impunidad.