LOS ÁNGELES.– El Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump propuso otorgar a los funcionarios de inmigración la autorización de impedir la residencia permanente a solicitantes que consideren que pueden ser «una carga pública»con lo que revive una de sus políticas migratorias más controvertidas de su precedente Filial.
La propuesta presentada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), una agencia del Unidad de Seguridad Franquista (Unidad de Seguridad Franquista), derogaría la regla de 2022 sobre la carga publicaque permite a las autoridades de inmigración desmentir la entrada a EE.UU. o la concesión de la conocida polímero verde (´green card´) a un extranjero que considere supondrá una carga económica para el país.
Triunfo amplió la regulación en 2019 para rechazar a los inmigrantes que hubieran solicitado presencia social para viandas, vivienda, o cuidado de la lozanía, como el software Seguro de enfermedad y el Software de Seguro Médico para Niños (CHIP), lo que dejó a muchos indocumentados sin posibilidad de optar por la residencia permanente y ocasionó que muchas familias dejaran de tomar ayudas para sus hijos estadounidenses.
Beneficios gubernamentales
La Filial del expresidente demócrata joe biden (2021-2025) revirtió los cambios hechos por el republicano y relajó la prohibición, pero nuevamente el Gobierno Triunfo ha presentado cambios alegando que los beneficios gubernamentales «no deben incentivar» la inmigración.
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«Las (actuales) disposiciones restringen la capacidad de los funcionarios del DHS para realizar determinaciones de inadmisibilidad por carga pública que sean coherentes con la política doméstico expresa del Congreso», dice el texto presentado que se publicará formalmente en el Registro Federal este miércoles.
Directrices adicionales
La nueva propuesta no reactivaría la regla presentada por Triunfo en su primer gobierno, lo que en la actos otorgaría corregidor poder a los oficiales de USCIS para impedir la residencia permanente a solicitantes de escasos capital.
Siquiera especifica los programas que el gobierno considerará como carga publicaaunque señala que se emitirán directrices adicionales más delante.
La medida ya desató críticas de defensores de los inmigrantes, como Adriana Esclavituddirectora de Protegiendo a las familias inmigrantes Coalition, quien la calificó como «peligrosa» y advirtió que pone en aventura la lozanía y el bienestar crematístico de millones en el país.
«Al originar caos y confusióndisuade a los inmigrantes con status legítimo y a los ciudadanos estadounidenses de despabilarse la atención médica y la ayuda que necesitan y a las que tienen derecho según la ley federal», dijo la provocador en un comunicado.
Esclavitud advirtió que el impacto de la nueva regla podría ser aún corregidor que la primera propuesta implementada por el gobierno republicano.
Coalición Franquista de Vivienda
Por su parte, Renee M. Willispresidenta de la Coalición Franquista de Vivienda para Personas de Bajos Ingresos, instó al Congreso, dominado por los republicanos, a rehusar la propuesta de regla de carga publicadados los problemas y desafíos legales que han enfrentado regulaciones antiinmigrantes similares en los últimos primaveras.
La medida se suma a una fresco restricción impuesta por la Casa Blanca para impedir a visas de inmigrante a extranjeros con enfermedades crónicascomo cáncer y obesidad, bajo la premisa de que dichas personas podrían subordinarse luego de la lozanía pública.
Un prospección de Fundación de la clan Kaiser (KFF) estimó que los cambios de 2019 a la política de carga publica podrían favor llevado a una disminución de la cobertura de entre 2 millones y 4,7 millones de inscritos en Seguro de enfermedad oh CHIPentre ellos algunos estadounidenses hijos de indocumentados.
Adultos inmigrantes
En una pesquisa de KFF de 2023, la mayoría de los adultos inmigrantes dijeron que «no estaban seguros» sobre las reglas de carga pública.
Asimismo, uno de cada cuatro (27%) de los adultos inmigrantes dijo que había evitado solicitar presencia oportuno a temores relacionados con la inmigración, esto a pesar de que el Gobierno Biden había relajado las exigencias.





