Washington (Efe) .- El Gobierno del presidente Donald Trump presentó un expediente de emergencia frente a el Tribunal Supremo de Estados Unidos pidiéndole que le permita apurar con un software migratorio que concede un status permitido en el país a más de medio millón de venezolanos.

En concreto, los abogados del Ejecutor solicitan al Supremo que anule una orden de un árbitro en pequeño instancia en California en contra de la valor de apurar con el Status de Protección Temporal (TPS) para los migrantes de este país suramericano.

En el documento permitido, la Agencia argumenta que el TPS para Venezuela va en contra del “interés doméstico” de EE.UU. y que el Legislativo no tiene la potestad de lanzarse asuntos de política migratoria “urgentes”.

El TPS es un software migratorio ventilado por el Unidad de Seguridad Franquista (DHS) y que da un status migratorio a las personas de países que están atravesando situaciones humanitarias graves o desastres naturales.

Poco posteriormente de aceptar el poder en enero, el Gobierno de Trump decidió apurar con el TPS para los venezolanos y la secretaria de Seguridad Franquista, Kristi Noem, calificó a los beneficiarios de este software como “desgraciados” y criminales.

A finales de marzo, un árbitro federal en California decidió sitiar el intento del Ejecutor por apurar con el TPS, alegando que la valor causa un “daño irreparable” a los miles de migrantes que se han acogido al software y sus familias.

Bajo la Agencia de Joe Biden (2021-2025), el secretario de Seguridad Franquista (DHS) decidió extender este beneficio a los venezolanos, argumentado que el país está pasando por una “emergencia humanitaria” causada por una crisis política y económica.

La valor fue celebrada entonces por varios legisladores del partido de Trump, incluyendo el entonces senador Entorno Rubio, ahora secretario de Estado.

Durante primaveras, y especialmente durante el primer mandato del republicano (2017-2021), los políticos conservadores en EE.UU. abanderaron la causa venezolana, presionando para que se impusieran sanciones económicas y se le extendieran beneficios migratorios a las personas que han huido del país, en la que es ahora la viejo diáspora del continente.

El libramiento del Gobierno de Trump, que ha ido detrás de los venezolanos en EE.UU. vinculándolos con la lado criminal transnacional Tren de Aragua, ha provocado críticas entre activistas de Venezuela en EE.UU.