El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revocó este jueves el llamado informe de peligrouna conclusión científica establecida en 2009 durante la Agencia de Barack Obama que determinaba que seis gases de sensación invernadero, incluidos el dióxido de carbono y otros contaminantes, representan un peligro para la vigor pública y el bienestar. Una medida que había servido como almohadilla central de actividad para combatir el cambio climático.
Trump defendió la valentía como “la maduro actividad de desregulación en la historia estadounidense” y aseguró que reducirá significativamente los costos para los fabricantes de vehículos y los consumidores, al tiempo que eliminará normas que, según su oficina, obstaculizan la industria automotriz y la crematística.
“Esta medida ahorrará billones de dólares a los consumidores y reducirá el costo promedio de un transporte nuevo en casi 3 000 dólares. Durante mi campaña prometí eliminar 10 regulaciones antiguas por cada regulación nueva, y lo hemos superado”, dijo Trump durante un acto en la Casa Blanca, acompañado por el administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), Lee Zeldin.
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Qué disponía el informe
El “informe de peligro” permitía una larga cinta de restricciones medioambientales, a partir del hecho de que el cambio climático, causado por la teledifusión de gases de sensación invernadero, es considerado una amenaza fundamental. A diferencia de lo que dice Trump, “las pruebas científicas relativas al cambio climático provocado por el hombre y sus consecuencias eran inequívocas en 2009 y, desde entonces, se han vuelto aún más alarmantes y convincentes”, recordaron más de 1.000 expertos en una carta pública.
La determinación anulada había servido de almohadilla permitido para que la EPA impusiera límites a las emisiones de gases de sensación invernadero de automóviles, plantas de energía y otras fuentes bajo la Ley de Canción Expedito de EE. UU. Su revocación elimina ese fundamento para la regulación federal de estas emisiones, lo que, según expertos y grupos medioambientales, podría dificultar futuros esfuerzos para combatir el cambio climático y proteger la vigor pública






