Austin, 9 de Septiembre (EFE).- Las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trumpde dirigir efectivos militares a Chicago y otras ciudades gobernadas por la examen demócrata han hecho sonar las alarmas entre expertos legales, que advierten de un posible “atropello de poder».

El Unidad de Seguridad Franquista (DHS) inició esta semana dos operativos en Chicago y Boston y varios medios locales ya han reportado un aumento en la presencia de agentes federales, en particular del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Uno de los principales asesores de Trump, el llamado “zar” de la frontera, Tom Homan, adelantó en una entrevista con la sujeción CNN que el Gobierno desplegará a la Guarnición Franquista en varias ciudades “santuario” —aquellas que protegen a la comunidad migrante— en los próximos días.

Si los planes se concretan, Chicago y Boston se convertirían en la tercera y cuarta ciudad, luego de Los Ángeles y Washington D.C., en tomar tropas federales en los menos de ocho meses que lleva Trump de mandato.

El presidente además ha insinuado que no serán las últimas, al poner en la mira a otras metrópolis como Seattle, Baltimore, San Francisco y Portland.

Problemas legales
Juristas han ducho sobre la dudosa moralidad de dirigir fuerzas militares a una ciudad en contra de la voluntad de las autoridades locales. “El despliegue de tropas (…) para establecerse ciudades no puede promover plausiblemente el orden notorio.

Es una fuerza bruta, una maniobra de poder estupendo. Va en contra de la Constitución y del papel adecuado de los estados”, ha escrito Michael Waldman, presidente del Brennan Center for Justice de la Universidad de Nueva York.

El Gobierno ya se enfrenta a una demanda por su atrevimiento de dirigir tropas —incluidos marines— a California durante el punto culminante de las protestas contra su política migratoria en junio. La semana pasada, un mediador federal declaró “ilegal” ese despliegue y prohibió al Pentágono utilizar soldados para realizar tareas que corresponden a la policía particular.

En su laudo, el mediador Charles Breyer acusó a Trump y al secretario de Defensa, Pete Hegseth, de intentar crear “una fuerza policial franquista liderada por el presidente”. Esta resolución, sin retención, solo tiene validez en California, luego de que el Tribunal Supremo limitara el poder de los jueces federales para emitir órdenes de repercusión franquista.

El entorno reglamentario
El laudo establece que el Gobierno violó el Posse Comitatus Act, una ley que prohíbe a las tropas federales involucrarse en labores de seguridad pública, a excepción de en casos concretos.

La principal excepción es la Ley de Insurrección, que permite al presidente dirigir militares a otros estados si los gobiernos locales lo solicitan o si resulta necesario para “hacer cumplir” la ley federal o sofocar una alzamiento.

En el caso de Los Ángeles, el Ejecutor argumentó que las protestas impedían a las autoridades aplicar las leyes migratorias, de carácter federal.

Pero, según explicado por su parte Lucha Gotein, experta en poderes presidenciales del Brennan Center, el Gobierno ahora sostiene que debe desplegar efectivos en Chicago u otras ciudades para combatir el crimen global, un asunto de competencia particular. “Inundar de soldados las ciudades demócratas con el pretexto de combatir la delincuencia sería un atropello de poder sin precedentes que violaría los derechos de los estados”, ha dicho la analista.

Uso de la Guarnición Franquista de otros estados El Gobierno Trump además parece estar buscando una alternativa para saltarse estos obstáculos legales y es la de conseguir que otros estados envíen efectivos de su propia Guarnición Franquista a las ciudades a las que ha amenazado con militarizar.

El regidor de Illinois, JB Pritzker, denunció la semana pasada que el Gobierno Trump enviará a la Guarnición Franquista de Texas a Illinois, pero el gobierno texano no lo confirmó.

Para hacerlo, el Gobierno se escudaría en una disposición poco conocida del código federal que permite que el Presidente o el Secretario de Defensa soliciten tropas de la Guarnición Franquista para apoyar misiones federales mientras siguen bajo control estatal, según indicó Steve Vladeck, profesor de derecho de la Universidad de Georgetown en una columna de opinión.

Esta atrevimiento, subrayó el purista, podría violar el artículo IV de la Constitución, que proteger la “soberanía” de los estados y abriría la posibilidad de que el Gobierno de Illinois acudiera al Supremo para impedir -o detener- un despliegue marcial. EFE

Por: Alejandra Arredondo