Las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo fundamentaron su audacia en precedentes del Tribunal Constitucional, que han establecido que para decidir la cese de la argumento penal se deben valorar parámetros razonables que justifiquen la dilación de un proceso, tomando en cuenta el contexto de la equidad dominicana, caracterizado por limitaciones institucionales y múltiples capital procesales que pueden retrasar la conclusión de los casos.

EN LA FASE PRELIMINAR SE PRODUJO UNA PRORROGA

En el párrafo 20 de la audacia, el tribunal señaló que en la etapa preliminar se produjo una prórroga de la investigación, en la cual el plazo del artículo 299 del Código Procesal Penal fue extendido de cinco a noventa y cinco días hábiles, dijo el Ocupación Manifiesto en una nota.

Esta medida, explicaron las juezas, se adoptó para proteger el derecho de defensa en un proceso de gran magnitud, lo que justificó la extensión de los plazos.

De igual forma, en el párrafo 21, las juezas detallaron que durante la etapa de litigio se produjeron múltiples aplazamientos entre el 26 de octubre de 2023 y el 27 de junio de 2024, término en la cual inició la presentación hablado de la imputación por parte del Ocupación Manifiesto.