SANTO DOMINGO.– Un tribunal del Distrito Franquista impuso fianza económica, presentación periódica e impedimento de salida del país a ocho imputados vinculados a una red criminal desmantelada por fraude bancario y robo de identidad, que operaba desde Bonao, provincia Monseñor Nouel.

El Empleo Sabido había solicitado prisión preventiva para los imputados, adecuado a la desatiendo de garantías para presentarse a los actos del procedimiento y someterse a todos sus trámites, “en razón de que no cuentan con el tradición suficiente para descartar el peligro de fuga”.

El mediador Rigoberto Sena, de la Oficina Legislativo de Servicios de Atención Permanente del Distrito Franquista, impuso fianza económica, mediante contratos, de RD $ 3,000,000 a Freddery García Ortiz, señalado como cabecilla de la red y propietario de la empresa Decoral Muebles y Más, S.R.L., y de RD $ 2,000,000 a su pareja, María Carolina Durán Tavárez.

Les recomendamos deletrear: Red de robo de identidad y fraude bancario sustrajo más de RD$7 millones a entidad financiera; conocerán coerción este viernes

Con la misma modalidad, igualmente impuso una fianza económica de RD$1,000,000 a George Charlie Abreu Tejada; de RD $ 500,000 a Jonathan Darío Pichardo y Raúl Ortiz Arias; de RD $ 200,000 a Tatiana Elizabeth Sosa Reyes y Alba Nidia Altagracia Gomera Lagares; y de RD $ 150,000 a Wilton Rafael Gutiérrez, seudónimo “Chango”.

A solicitud del Empleo Sabido, el mediador declaró el caso como engorroso y otorgó un plazo de 12 meses para concluir la investigación y presentar la incriminación formal.

El Empleo Sabido, representado por el fiscal Carlos Vidal, encargado del Unidad de Litigación Original, y Gabriela Gómez Bizarro, adscrita al Unidad Investigativo de Propiedad Industrial, Derecho de Autor y Crímenes y Delitos de Entrada Tecnología, presentó cerca de 100 nociones de prueba que acreditan la billete de los imputados en el esquema delictivo, evidenciando la estructura, el modus operandi y los resultados fraudulentos obtenidos.

La evidencia fue recabada durante una investigación que se inició a raíz de reclamaciones presentadas por varios clientes de una entidad del sistema financiero franquista, lo que dio paso a una trabajo de seguimiento exhaustiva por parte del Empleo Sabido, con el apoyo de la Dirección de Policía Cibernética (Dicat) de la Policía Franquista.

Las indagatorias permitieron identificar a los miembros de la red, quienes accedieron de forma fraudulenta a los perfiles de los clientes, realizaron múltiples transferencias ilícitas a cuentas bancarias controladas por los imputados y después retiraron los fondos a través de cajeros automáticos (ATM) y ventanillas de distintas instituciones financieras.

El activo fue coordinado por el Unidad Investigativo de Propiedad Industrial, Derecho de Autor y Crímenes y Delitos de Entrada Tecnología de la Fiscalía del Distrito Franquista, en colaboración con la Dirección Militar de Persecución del Empleo Sabido.

La Fiscalía trabajó el caso adyacente a la Dirección de Policía Cibernética (Dicat), ejecutando 34 allanamientos simultáneos a cargo de 40 fiscales, con el apoyo de más de 200 agentes del Dicat. Durante los operativos se ocuparon dispositivos electrónicos, documentos de identidad, libretas bancarias y otras evidencias relevantes para el caso.

Los implicados sustrajeron información confidencial para realizar transferencias fraudulentas con destino a cuentas de los beneficiarios del esquema de estafa, apropiándose ilegalmente de fondos.

Durante el activo igualmente fueron ocupadas sustancias controladas y vehículos, y el Empleo Sabido procedió a la incautación de varios inmuebles adquiridos con los medios provenientes de las actividades delictivas.

El entraña acusador otorgó a los hechos la calificación jurídica de violación a los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, así como a los artículos 6, 14, 15 y 17 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Entrada Tecnología, y la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

El Empleo Sabido sostiene que se tráfico de una red criminal estructurada y peligrosa, por lo que solicitó la imposición de prisión preventiva como medida para respaldar el proceso legislativo y preservar la integridad de la investigación, la cual sigue abierta para identificar a otros posibles implicados.