LA VEGA .- El Primer Supremo de la Instrucción del Distrito Legislativo de La Vega dictó coche de tolerancia a motivo en contra de tres personas acusadas de ser testaferras en la red de lavado de activos provenientes del narcotráfico que encabezaba Miguel Arturo (Micky) López Florencio.

Luego de aposentar la incriminación y acoger todas las pruebas presentadas por el entraña persecutor, la jueza Wendy de Jesús Mueses envió a motivo a Manuel Antonio Inoa Valdez, María Altagracia Cepeda Suárez y la empresa de porte Inversiones Inmobiliaria Cutupú SRL.

De acuerdo al expediente, los procesados hicieron parecer ser los socios de Inversiones Inmobiliaria Cutupú SRL, una compañía con vigésimo (20) inmuebles que incluyen la mansión donde reside López Florencio.

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Los acusados son miembros de la red criminal de testaferros y prestanombres que encabezaba López Florencio y su esposa, Rosa Amalia Pilarte López. Por otra parte, son cuñados de Rosa Amalia Pilarte López, condenada por la Suprema Corte de Razón por lavado de activos provenientes del narcotráfico.

La incriminación acogida por el tribunal, revela que los procesados no pueden acreditar los haberes inmuebles adquiridos, valorados en ciento ochenta y tres millones, trescientos ochenta y seis pesos dominicanos (RD$183,386,000), teniendo como oficios chofer (Inoa Valdez) y ama de casa (Cepeda Suárez).

La información financiera arrojó movimientos exorbitantes de parné de la empresa de porte Inversiones Inmobiliaria Cutupú, SRL, ya que entre 2015 y 2019 tuvo entradas ascendentes a doscientos cincuenta millones, setecientos doce mil, seiscientos cuatro pesos con sesenta y cinco centavos (RD$250 millones 712 mil, 602 pesos con 66, para un total de cuatrocientos treinta y cuatro millones, noventa y ocho mil, seiscientos cuatro pesos dominicanos con sesenta y cinco centavos (RD$434 millones ,098 mil ,604 pesos con 65 centavos).

El equipo de fiscales, integrado por la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera, de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y la fiscal titular de La Vega, Aura Luz García Martínez, el fiscal investigador Claudio Cordero Jiménez, y el litigante Hitler Sánchez explicaron que Tarea Manifiesto calificó las conductas de los acusados como una violación a las disposiciones los artículos 2, 3, 6 y 9 de la Ley 155-17.

Incluso, la Ley 83-02, que crea el Código Monetario y Financiero y la Ley 11-92 del Código Tributario de República Dominicana.