SANTO DOMINGO.- La procuradora de corte Mirna Ortiz sostuvo este miércoles que la defensa del marcado Jean Alain Rodríguez Sánchez se muestra desordenada y continúa presentando argumentos débiles frente a las pruebas aportadas por el Empleo Notorio en el proceso jurídico que se lleva en su contra por corrupción administrativa.
“Tenemos tres días escuchando incidentes planteados de forma desorganizada, que no permiten al tribunal concretar ciertamente cuáles son las pretensiones de las partes y el tribunal dio un plazo hasta el miércoles a las 2:00 de la tarde para que organicen su táctica y se presenten de forma organizada en el tribunal”, dijo la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Mirna Ortiz, quien representó al Empleo Notorio en la audiencia unido a los fiscales Emmanuel Ramírez y Aurelio Valdez, ofreció detalles del proceso en respuesta a preguntas de periodistas que cubren el sumario que se ventila en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Franquista, en el Palacio de Conciencia de Ciudad Nueva.
Las juezas Claribel Nivar, Yissell Soto y Clara Castillo aplazaron la audiencia para el próximo miércoles 25 de febrero de 2026.
En la excursión de este miércoles la defensa del marcado Alfredo Solano Honorable continuó presentando incidentes.
Conforme al expediente, Rodríguez Sánchez malversó más de RD$6,000 millones mediante procesos fraudulentos entre 2016 y 2020, primaveras en que se desempeñó como procurador Genérico de la República.
Por otra parte de Rodríguez Sánchez figuran en el expediente Jhonatan Loander Medina Reyes, Alfredo Alexander Solano Honorable, Jhonatan Joel Rodríguez Imbert, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya y Braulio Michael Batista Barias.
Asimismo, Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Dorado, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.
Jean Alain Rodríguez Sánchez y los demás procesados enfrentan cargos por corrupción, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.






