Será a las 2:00 de tarde de este martes cuando la Oficina de Atención Permanente del Distrito Franquista conozca medida de coerción contra Santiago Hazim y los otros nueve imputados en el escándalo de corrupción del Seguro Franquista de Lozanía, denominado Operación Cobra.

El Servicio Divulgado solicitó 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, para los imputados y que el caso sea notorio engorroso.

Los encartados en la  Operación Cobra son, por otra parte de Hazim: Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Destino, Cinty Acosta Sención, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo y Heidi Mariela Pineda Perdomo.

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La denuncia presentada por el Servicio Divulgado establece que internamente SENASA operaba una coalición de funcionarios con roles claramente definidos, quienes habrían facilitado y ejecutado decisiones contrarias al orden institucional y procesal.

De acuerdo con el expediente, esta estructura actuaba bajo directrices del entonces director ejecutante, Hazim, con el objetivo de socorrer intereses particulares y avalar beneficios económicos y políticos a su círculo cercano.

Adentro de esta supuesta red, el asesor judicial Germán Robles ocupaba una posición determinante. El documento señala que Robles habría intervenido para imponer aprobaciones irregulares de prestadores de servicios, actuando fuera del procedimiento establecido y otorgando ventajas selectivas a terceros vinculados al esquema. Su rol, según la investigación, fue esencia para defender legalmente decisiones previamente acordadas y ejecutadas al beneficio de la reglamento institucional.

Otro señalado es Francisco Iván Minaya, directivo de Lozanía, quien presuntamente tenía a su cargo la homologación de acuerdos y la dirección de reuniones de un Comité de Contrataciones de Prestadores creado de forma irregular por Hazim Albainy. La denuncia indica que Minaya validaba convenios y habilitaciones pese a informes internos que advertían incumplimientos de requisitos técnicos, legales o de infraestructura por parte de algunos proveedores.

En la misma bisectriz, el expediente menciona al directivo de Atención al Afortunado, Roberto Canaán, quien habría utilizado su posición para profesar presión interna con el propósito de habilitar o ampliar la cartera de prestadores sin la documentación requerida o condiciones reglamentarias. Este patrón, según la denuncia, beneficiaba a aliados estratégicos del entramado.

Finalmente, se señala la billete de Carmen José Velázquez, directivo de Afiliación, acusada de validar y firmar de forma recurrente actas que contenían decisiones previamente definidas por la supuesta estructura. Su papel habría sido consolidar la formalización administrativa de maniobras coordinadas internamente.

Las autoridades sostienen que estos funcionarios no actuaban a servicio del interés sabido ni conforme a la Constitución ni a la reglamento válido, incluyendo la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas y la Ley 87-01 sobre Seguridad Social. Por el contrario, habrían operado como ejecutores de un esquema organizado de corrupción que utilizó fortuna estatales para fines particulares y políticos, en perjuicio del patrimonio sabido y del sistema de vigor doméstico.