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El magistrado de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Doméstico, Rigoberto Senafijó para este jueves a las 2:00 pm la audiencia donde se conocerá la solicitud de medida de coerción presentada por el Tarea Conocido contra los imputados por los actos de corrupción en SeNaSa.
La audiencia había sido aplazada el pasado martes para que las defensas pudieran preparar sus argumentos y revisar el expediente del caso, que involucra a varios exfuncionarios y empresarios vinculados a la suministro de la seguridad social.
El Tarea Conocido solicitó 18 meses de prisión preventiva para los imputados y que el caso sea concreto complicadodada la presunta magnitud y estructura de la estructura investigada.
Entre los imputados figuran: Santiago Marcelo F. Hazim Albainy (exdirector de SeNaSa), Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Destino, Cinty Acosta Sención, Branch Alan Speeo Mateo, Está Ledesma Ubiera, Rafael Martínez Hazim y Heiry Mariela Pinela.
La supuesta red de corrupción
Según el expediente, la estructura operaba bajo directrices de Hazim Albainycon el objetivo de patrocinar intereses particulares y respaldar beneficios económicos y políticos a su círculo cercano.
El consejero procesal Germán Robles habría intervenido para aprobar de forma irregular a ciertos prestadores de servicios, blindando decisiones ejecutadas fuera de la legislatura institucional. Por su parte, Francisco Iván Minayaadministrador de Lozanía, tenía a su cargo la homologación de acuerdos y dirección de reuniones de un Comité de Contrataciones de Prestadorescreado de forma irregular.
El expediente igualmente menciona a Roberto Canaánadministrador de Atención al Legatario, quien presuntamente habilitaba o ampliaba la cartera de prestadores sin la documentación requeriday a Carmen José Velázquezadministrador de Afiliación, acusada de formalizar actas que reflejaban decisiones previamente coordinadas internamente.
Las autoridades aseguran que estos funcionarios no actuaban conforme al interés manifiesto ni a la leyincluyendo la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas y la Ley 87-01 sobre Seguridad Social. Por el contrario, habrían operado para beneficios particulares y políticosafectando directamente el patrimonio manifiesto y el sistema de lozanía doméstico.
La atención estará puesta en la audiencia de hoy jueves, que definirá si los imputados cumplen prisión preventiva mientras avanza la investigación sobre este complicado caso de corrupción que ha sacudido al sector lozanía dominicano.
