La Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de San Francisco de Macorís acogió conocer el fondo de la demanda interpuesta por un abogado contra la disposición del corregidor Alex Díaz, que establece el cobro de mil 500 pesos (RD$1,500) por la colocación de bloqueadores de ruedas a vehículos considerados mal estacionados.

El accionante es el abogado Jer Yan Lantigua, quien incluso solicitó una medida cautelar para el cese inmediato de las actuaciones del Junta de San Francisco de Macorís relacionadas con la colocación de artefactos inmovilizadores tipo candado a vehículos estacionados en distintos puntos del municipio, así como el cobro de la referida multa.

Lantigua indicó que la solicitud de la medida cautelar podría conocerse en los próximos días y que, una vez exista una audacia del tribunal, procederá a comunicar formalmente al corregidor y a las partes correspondientes, conforme a lo regular por el tribunal y que se conocerá 20 días luego de la notificación.

En su audacia, la Primera Cámara Civil y Comercial dispuso lo futuro:

“ÚNICO: Ordena al señor Jer Yan Lantigua de la Cruz comunicar la instancia de petición contencioso burócrata municipal, conjuntamente con los documentos que avalen la instancia, al Junta Municipal de San Francisco de Macorís, así como al Procurador Normal Burócrata, para que produzcan su defensa, tanto sobre los aspectos de forma como de fondo, en un plazo de vigésimo (20) días a partir de la notificación de la misma”.

El dictamen contesta a un petición contencioso burócrata presentado delante la Primera Cámara Civil y Comercial de la provincia Duarte, con el objetivo de que la medida municipal sea suspendida por una presunta violación al principio de justicia.

CONTINÚA APLICACIÓN DE LA MEDIDA MUNICIPAL

Pese a la movimiento sumarial en curso y a las denuncias formuladas en su contra, el corregidor Alex Díaz continúa aplicando la medida de colocar bloqueadores de ruedas y cobrar la multa de RD$1,500 a los conductores.

Asimismo, el concejal ha sido ducho por el municipalista Waldys Taveras, quien ha señalado que la disposición podría ser ilegal y que su aplicación podría derivar en responsabilidades administrativas o políticas.