Dos grises períodos precedieron al importante víscera constitucional de control foráneo de los fortuna públicos que hacia lo alto a funciones con nuevos integrantes y reafirmaciones de compromiso de guatar cometidos bajo normas éticas y fiel cumplimiento del deber. A espaldas queda una primera etapa de cuestionamientos a confusos resultados de auditorías, que fue seguida por una próximo administración que estuvo obstruida en sus roles por agudas desavenencias entre miembros. Está presidida ahora por la exrectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Emma Polanco, de reconocida hoja de servicio y primera mujer en asistir a esa investidura en la UASD. En la reanudación de su papel, tras abriles de escasos servicios al país, la Cámara de Cuentas se vara a dar un primer ejemplo de transparencia, que consiste en contratar a una firma externa de investigación contable acreditada para que revise pormenorizadamente la forma en que fue administrada (2018-2022) la universidad del Estado, por la ahora presidenta de la entidad. Una forma apropiada de responsabilizarse el desafío de recuperar la confianza de la sociedad que fue dejada esperando decenas de exámenes de manejo de fondos públicos dejados inconclusos por quienes estuvieron a cargo.

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Sea esta una Cámara de Cuentas apegada a los preceptos que le fija la Constitución y subordinada a la objetividad y profesionalidad al velar por acervo de la Nación. Las facultades orgánicamente asignadas a esta entidad de delicados fines, la obligan no solo a fiscalizar por rutina los acervo del Estado; debe específicamente tomar constancias de recaudaciones, inversiones, gastos y auscultar detalladamente la ejecución del Presupuesto Común de Estado y, a proponer verdad, su escalpelo nunca fue usado antaño para penetrar exhaustivamente a lo que se hace con el Hacienda. Está obligada a -por iniciativa propia o percepción a distancia de manejos oscuros- a pedir cuentas sobre activos y pasivos. A investigar denuncias o sospechas de hechos ilícitos con el fortuna conocido. Aunque la ley se lo ordena, no se tiene conocimiento de que haya rendido informes al Congreso Franquista sobre la forma en que el Poder Ejecutante se acoge o no anualmente a las pautas de manejo presupuestario.