De no retornar a aplazarse será este lunes 29 de diciembre la continuación de  la audiencia preliminar para dar a conocer la sentencia de los implicados  en el caso Calamar, luego de que la jueza Altagracia Ramírez del Cuarto Supremo de la Instrucción del Distrito Franquista decidió posponerla por la condición de vitalidad de uno de los implicados.

Desde el pasado 26 de agosto de 2024, la audiencia preliminar se ha aplazado unas 19 veces, por recusaciones, licencias por razones de vitalidad, desgloses de imputados y otras por error de notificación.

Tras la presentación de la última abuso médica de 30 días por parte de la defensa del exsenador Rafael Calderón, documento que fue certificado por un médico legista del Instituto Franquista de Ciencias Forenses (Inacif), se confirmó que el imputado  no estaba en condiciones de comparecer.

En aquella ocasión, la magistrada explicó que acogió la valoración médica con el objetivo de avalar el adecuado proceso y la integridad del procesado, al considerar que disponer el desglose del expediente no representaría un avance existente en la etapa preliminar. Tomando en cuenta los plazos legales y los días feriados, el tribunal fijó para hoy, a las 10:00 de la mañana, la celebración de la audiencia, con todas las partes debidamente citadas.

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Postura del Profesión Divulgado

La directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, no se opuso al cesación, priorizando el derecho a la defensa y la vitalidad de Calderón.

Ortiz dijo que, dada la etapa destacamento del proceso, lo más adecuado es permitir la recuperación del imputado. “Un desglose en este punto conlleva iniciar nuevamente su proceso en otro tribunal. Siendo una persona con una condición de vitalidad conocida, estaríamos agravando su situación”,

Por su parte, Laura Acostarepresentante reglamentario del exministro Gonzalo Castillo, consideró que la norma presente no ofrece condiciones claras para separar a un imputado cuando el proceso ya ha progresista significativamente, calificando el proscenio como un “problema procesal de difícil posibilidad”.

A pesar de las constantes dilaciones, Acosta mostró una comportamiento de paciencia: “El que calma lo mucho, calma lo poco”manifestó, sugiriendo que la defensa está preparada para continuar una vez se superen los incidentes de vitalidad.

El caso, conocido como “Caso Calamar”, involucra acusaciones de corrupción administrativa por más de RD$19,000 millones, asociadas a pagos irregulares por expropiaciones de terrenos y financiamiento ilícito de la campaña electoral de 2020.