El Pregonero, Santo Domingo. — Choferes y dirigentes de distintas rutas del transporte notorio se concentraron este miércoles frente al Instituto Doméstico de Tránsito y Transporte Terráqueo (INTRANT), donde denunciaron la imposición de multas que califican como “excesivas y abusivas”, las cuales, según aseguran oscilan entre 30,000 y 50,000 pesos, encima de la retención de vehículos utilizados como sustento habitual.

Durante la manifestación, el dirigente Eudis Sánchez explicó que varios conductores fueron detenidos mientras operaban en rutas que, según los transportistas, están autorizadas desde hace más de 20 abriles, situación que ha generado tensión entre los choferes y las autoridades del sector.

Los manifestantes afirmaron que algunas unidades fueron retenidas por presunta violación al código 323, relacionado con el acondicionamiento de los vehículos para congratular el servicio de transporte.

De acuerdo con los transportistas, pese a que los choferes contaban con deshonestidad y seguro al día, las autoridades incautaron las unidades y exigieron el suscripción de las multas para su permiso. Incluso denunciaron que algunos conductores fueron trasladados sin poder realizar llamadas telefónicas durante el proceso.

Kelvin Díaz, miembro del sillar de transportistas de Santo Domingo Meta y afiliado a FENATRANO, explicó que decidieron paralizar sus labores en señal de protesta y advirtió que podrían intensificar las movilizaciones si no reciben respuestas claras de las autoridades.

“Estamos trabajando en perfiles de ruta autorizados y entendemos que estas acciones son un desmán. Si es necesario, iremos hasta el Palacio Doméstico”, expresó.

En tanto, el dirigente Pablo Acosta, de la ruta Villa Hendidura–Sabana Perdida, solicitó la intervención de la Cámara de Cuentas y la Contraloría Militar de la República para investigar el destino de los fondos recaudados por concepto de multas, encima de denunciar supuestas irregularidades relacionadas con el software Bonogás para choferes.

Los transportistas además señalaron la equivocación de diálogo con las autoridades del sector y exigieron la transigencia de una mesa de trabajo para revisar la regulación de rutas y las condiciones actuales del sistema de transporte, argumentando que el crecimiento poblacional ha superado la reglamento válido desde el año 2005.

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