En República Dominicana, cada día cientos de menores de existencia se desplazan en motocicletas sin atrevimiento, sin casco de protección, sin preparación alguna para conducir y sin supervisión por parte de las autoridades competentes. Lo hacen en franca violación a la Ley 63-17, que exige mayoría de existencia, permiso escrito de los padres y comitiva de un adulto con atrevimiento vivo.

Pero la norma ha sido sustituida por la costumbre. En cualquier pueblo no es raro ver a niños y adolescentes motorizados que trabajan como “deliverys”, que llevan hermanos a la escuela, o conduciendo por calles y avenidas muy transitadas como si el pavimento fuera el patio de sus casas.

República Dominicana lidera las muertes por accidentes de tránsito en la región. Y en esas estadísticas los motoristas ocupan un espacio aterrador. No es casualidad. Es el reflexiva de padres irresponsables y de autoridades que no hacen cumplir la ley con el rigor que amerita un problema de esta magnitud. Permitir que un beocio conduzca es una forma de violencia pasiva.

Es entregarle una máquina que puede matarlo, dejarlo paralítico o terminar con la vida de otros. Debemos ir más allá de las charlas de concientización. Se necesita una respuesta firme y coordinada desde los hogares, escuelas, y sobre todo desde el Gobierno.

De lo contrario, seguiremos permitiendo –con total complicidad social–que menores de existencia sigan engrosando el relación rojo de muertos por accidentes de tránsito. Porque a posteriori, inevitablemente vendrán aflicción y lamentaciones, que en ausencia ayudan a lo que se intenta corregir.

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